Las dudas del paro de Sevilla

La Universidad informará mañana a los centros de las condiciones de la convocatoria

Un cartel, en Sevilla, anunciando la huelga general en el sector educativo. / GARCÍA CORDERO

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, pidió este lunes a sus 65.000 alumnos “un grado extra de rigor” en la aplicación del paro general académico convocado desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio. En su intervención ante el Claustro de la Universidad, el rector no escondió que está de acuerdo con el fondo de la protesta (el rechazo al recorte que implican las medidas aprobadas por el Gobierno central, que pueden conducir a “desmantelar el modelo público de universidades”, según Ramírez de Arellano). Pero el rector sabe también que el paro académico le va a causar enormes problemas, especialmente dadas la extensión (dos semanas) y las fechas de la convocatoria, en la recta final del curso.

El paro no debe ser el resultado de una reflexión frívola ni una acción festiva

Antonio Rámirez de Arellano

La Universidad ha certificado la “legalidad” del paro aprobado el pasado viernes por el pleno del Cadus (el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla), lo que implica la interrupción de todas las actividades docentes (clases, prácticas tutorías evaluaciones). Es la primera vez que se convoca un paro académico, una figura recogida en el reglamento de alumnos de la US y que va más allá que una huelga (que siempre es voluntaria). Pero la aplicación de la medida suscita dudas. Por ejemplo, ¿se suspenden también los exámenes parciales que estaban ya convocados para estas fechas? La respuesta probablemente es que sí, pero los vicerrectores informarán este miércoles a los centros, los departamentos, los estudiantes y el profesorado sobre las condiciones del paro académico y lo que ello implica.

En su discurso de ayer, el rector advirtió que un paro de estas dimensiones “nunca debe ser el resultado de una reflexión frívola ni una acción festiva”. “Debemos ser conscientes de que se afectan los derechos y expectativas de muchas personas en una dirección u otra”, afirmó Ramírez de Arellano, que pidió al Cadus “un compromiso de revisión permanente de los efectos de la medida”.

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