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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Pactos

Hay agrupaciones “independientes” que no tienen más razón de ser que tratar de normalizar la situación de sus viviendas ilegales

Ya lo advirtieron en su día los fiscales: el creciente riesgo que se corría de que alcanzaran el poder formaciones locales integradas por colectivos que se sitúan sistemáticamente al margen de la legislación en materia de suelo y vivienda. Un fenómeno del que se dieron cuenta años atrás en la provincia de Cádiz y que se ha consolidado en todo el territorio andaluz. El aviso cobró máxima visibilidad en las pasadas elecciones municipales, a las que concurrieron numerosas agrupaciones que se autodenominaban “independientes” y que no tenían más razón de ser que tratar de actuar como lobby para normalizar la situación de sus viviendas, utilizando para ello su presencia en las instituciones locales.

El toque de atención dado cayó en saco roto. Y así, ahora es fácil comprobar la participación de estos grupos en un buen número de corporaciones y no ya de forma testimonial sino ocupando importantes parcelas de poder. Los grandes partidos políticos, como PSOE y PP, no han querido o no han podido impedir su acceso a gobiernos y alcaldías. Pero es que en el caso de los populares, el vergonzante pacto alcanzado en la localidad gaditana de Chiclana con el Partido Vecinal Regionalista (PVRE), que representa los intereses de los propietarios de miles de viviendas ilegales, les invalida para articular un discurso serio y coherente a favor de un desarrollo urbanístico equilibrado y respetuoso con la legalidad.

Con tal de asegurarse la alcaldía han optado por un acuerdo de estabilidad que les supone poner en manos de este grupo nada menos que el área de Urbanismo, Vías y Obras en un municipio como el chiclanero, que concita una enorme presión urbanística. Los promotores de esta escandalosa operación, que se han encargado de recalcar que cuentan con la aprobación y el impulso, incluso, de Javier Arenas, dejan claras sus intenciones al anunciar que suprimirán las actuales ordenanzas de regulación de casas y rebajarán las multas. Y más grave resulta comprobar que este movimiento del PP se produce después de conocerse que el PSOE también lo intentó previamente en un paso que, finalmente, se frustró ante el rechazo de buena parte de la propia militancia y, sobre todo, de IU, a secundar una treta de este calibre.

Conviene no perder de vista la trayectoria que siga su nuevo gobierno municipal. El flamante superconsejero de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Luis Planas, tiene ya tarea por delante, aunque lo conmovedor será comprobar si se produce una triunfal visita de Arenas a dicho Ayuntamiento.

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