El recorte en las universidades amenaza a los profesores asociados

Si en la enseñanza obligatoria la figura del docente interino es la pieza más débil en este contexto de recortes, en la Universidad es el profesor asociado. Estos docentes, cuyos contratos se renuevan cada año, tienen que acreditar una actividad laboral externa a la enseñanza. Suelen ser abogados, ingenieros o economistas que dedican parte de su tiempo a la docencia en las 10 universidades públicas de la comunidad. En Andalucía hay alrededor de 2.000 profesores en esta categoría, según las estimaciones de la Secretaría General de Universidades, que dirige Francisco Triguero. Sobre ellos pende ahora la amenaza de los recortes, según reconocen la Junta y algunos de los responsables de las universidades.

"En el caso de que tengamos que recortar empleo serían los primeros", apunta Manuel Torralbo, vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional de la Universidad de Córdoba. La UCO aprobó la semana pasada las directrices de su ajuste presupuestario. En el plan que la Junta ha diseñado para cumplir el objetivo de déficit —donde se plantea un recorte de 2.720 millones para toda la Administración— las universidades deben ahorrar 130 millones. La UCO ha empezado a estudiar dónde puede meter la tijera y en el programa que aprobó el jueves ya se plantea la “supresión prioritaria, en su caso, de contratados docentes con carácter temporal”.

El Gobierno central ha empujado al sistema universitario hacia la disminución de las plantillas a través del real decreto ley de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto en educación. Al aplicar ese decreto, reconoce la Junta en su recién aprobado plan de ajuste, “se producirá una disminución del gasto de personal docente e investigador como consecuencia del incremento de la jornada laboral, el aumento de la dedicación docente del personal funcionario y de la reducción de las titulaciones”.

La Secretaría General de Universidades quiere pactar con los rectores las medidas de austeridad. El próximo 28 de mayo habrá una reunión para abordarlas. Sin embargo, el departamento que dirige Triguero reconoce una posible reducción de profesores asociados. Esta secretaría general, que depende de la Consejería de Economía, baraja “buscar otra figura con menor coste” para llenar el vacío que dejarían estos docentes. “Algo parecido a un colaborador honorario, menos estable”, afirman fuentes de este departamento.

La pérdida de profesores asociados sería un golpe para la Universidad. “Ofrecen una visión muy necesaria”, afirma Manuel Torralbo. Al ser profesionales que ejercen fuera de la facultad o la escuela dan al alumno una perspectiva menos academicista.

Otra de las fórmulas para lograr ese ahorro de 130 millones es la centralización de la gestión del gasto. La Junta quiere que las universidades se unan para mancomunar algunos servicios y gastos. Además, la Administración también planea reorientar las convocatorias competitivas para lograr más eficiencia.

Todo lo que se consiga ahorrar a través de estas dos vías supondrá menos sacrificios laborales. Sin embargo, el grueso del gasto en la enseñanza superior está en el capítulo 1. Entre el 75% y el 87% del presupuesto de cada Universidad (cuanto más grande, menor es ese porcentaje) se destina a las plantillas.