La rebelión contra los recortes

Análisis de la postura que el Gobierno vasco defiende ante las reducciones de servicios públicos. Los funcionarios compaginan menos sueldo y oposiciones

Zabaleta, Pastor, López, Celaá, Mendia y Ares, de izquierda a derecha, en el acto del PSE celebrado, en Barakaldo. / JESÚS URIARTE

El País Vasco lucha por no tener que aplicar las medidas de recorte en los servicios públicos decretadas por el Ejecutivo central en medio de la incertidumbre de la ciudadanía. A las puertas de la negociación previa al recurso de inconstitucionalidad, las consejerías implicadas rechazan los recortes y añaden la dificultad de ponerlos en marcha. Tanto que cada vez son más las voces en el seno del Gobierno que ven inevitable la modificación "sustancial" de algunas de las iniciativas. “No vamos a parar Euskadi”, volvió a decir ayer el lehendakari, Patxi López. “No vamos a permitir que para recortar esos servicios públicos se invadan nuestras competencias”. Al anuncio de Euskadi de presentar un recurso ante el Constitucional se han sumado ya Cataluña y Andalucía.

Sanidad

No a 40.000 personas sin tarjeta sanitaria

Osakidetza no ha sufrido dramáticas situaciones como las que se han podido ver en otras comunidades como Cataluña. No ha habido cierre de plantas, pero sí fuertes medidas de ajuste que se han centrado en la contratación y en la gestión, entre otros aspectos, de los recursos humanos, con menos sustituciones de profesionales sanitarios. Esto y una fuerte reducción de los contratos con centros privados han generado una mayor presión para médicos y enfermeras, que, pese a todo, han logrado que las listas de espera no se disparen.

Sanidad prevé hasta compensaciones si le obligan a aplicar medidas

En este contexto, Sanidad ha abogado por recurrir el fondo del real decreto ley por considerar que cuestiones como las que modifica no se pueden tocar por medio de estas vías, exclusivamente reservadas para situaciones de extraordinaria gravedad y urgencia. Al margen de las negociaciones que se puedan desarrollar en los próximos meses, el departamento apuesta por no aplicar las medidas y, en caso de que se vea obligado a hacerlo, por realizar intervenciones compensatorias. En el caso del copago, podría llegar a darse incluso el desembolso de cantidades económicas para paliar un copago que los máximos responsables ven bien lejano.

Esta misma semana, el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, ha reiterado que a quienes les afecte el cambio en el acceso a la sanidad tendrán su tarjeta sanitaria en Euskadi, con acceso pleno a la cartera de servicios que ofrece Osakidetza. De haber optado por aplicar los recortes en el aseguramiento sanitario, a partir de septiembre quedarían fuera de los centros de salud y de las consultas de los especialistas 22.000 inmigrantes empadronados pero sin el permiso de residencia, 13.500 jóvenes autóctonos mayores de 26 años que en la actual situación económica todavía no han logrado su primer empleo, 800 divorciados que no hayan trabajado y 3.500 discapacitados que se encuentren en esta misma situación. En total, alrededor de 40.000 personas en toda Euskadi solo podrían acudir a los servicios de urgencias, lo que supondría, tal y como han alertado desde Osakidetza, un colapso de estos servicios, que, por otro lado, resultan mucho más costosos para las arcas públicas que la atención en un centro de salud. Pese a que aún no se sabe la manera en que se realizará esto, una de las opciones podría ser expedir una tarjeta específica para estos colectivos.

Respecto al copago, Sanidad siempre ha defendido que su implantación sería más costosa que los beneficios que reportaría a las arcas públicas. El sistema establecido por el Gobierno, de copago farmacéutico por tramos de renta, obliga a una cooperación entre instituciones que el consejero, Rafael Bengoa, dudó la pasada semana que vaya a darse —puso en duda que Bizkaia y Gipuzkoa vayan a remitir la información de sus haciendas para aplicarlo— y obligaría a realizar reembolsos de entre 100.000 y 200.000 en solo seis meses, según datos de la consejería.

Euskadi es la autonomía con el mayor nivel de prestación social

En total, se calcula que los ahorros que permitiría el tijeretazo sanitario sería de 33 millones de euros, una décima parte de lo previsto para Euskadi en base a su población y a la necesidad de recortar 7.200 millones en este ámbito.

Educación

Sin recortes en este curso

Con una tasa de abandono escolar temprano que supone la mitad de la del resto del Estado y un sistema bilingüe que aspira a ser trilingüe en el curso 2013-2014, con la complejidad que esto entraña para el día a día de las escuelas, Educación también ha renunciado a aplicar los recortes, tanto en la enseñanza no universitaria como en la superior. El departamento ha anunciado que no aplicará medidas como el aumento de la ratio profesor-alumno en la enseñanza no universitaria. La consejería ha censurado en varias ocasiones que los recortes educativos impuestos por el Gobierno central no tienen en cuenta a la especificidad de sistemas como el vasco. Euskadi no alcanza en muchos casos ni las ratios actuales, de 25 alumnos en Primaria y Secundaria, 30 en Bachillerato en la red pública según el acuerdo laboral firmado en 2010. El ministerio exige ahora que Primaria pase de 27 (la ratio de España) a 30, Secundaria de 30 a 36 y Bachillerato de 37 a 42.

Entre las medidas recurribles, Educación ha incluido el aumento del horario de los docentes y las sustituciones, que se habían mantenido de invariables con respecto al convenio anterior en algunas etapas —aunque con una aplicación mucho más estricta— en el acuerdo firmado en 2010 por CC OO y UGT y que sufrirían una vuelta de tuerca con las nuevas exigencias ministeriales. Esto generaría una situación, tal y como ha advertido el Consejo Escolar de Euskadi este mismo mes en un documento aprobado por su pleno, en la que los profesores dejen de realizar tareas que, pese a no tener lugar en las aulas, son "cruciales" para el buen funcionamiento de los centros escolares.

Euskadi es la región a salvo de los recortes en investigación que su consejera de Educación, Isabel Celaá, anhelaba. Se mantienen las becas y las partidas presupuestarias han crecido en los últimos tres años un 37%. Las tasas universitarias solo crecerán el IPC, frente a incrementos de hasta el 66% que establece el real decreto. Esta realidad, sin embargo, no deja de lado la aplicación de recortes presupuestarios que sí han reducido la aportación a la Universidad del País Vasco en 11 millones, y la propia Celaá apuntó a que habrá que negociar con la UPV cómo aplicar algunas de las medidas sobre los docentes del real decreto ley del Ministerio de Educación.

Asuntos sociales

Las Diputaciones defienden la dependencia

En materia de dependencia, competencia de las diputaciones, la comunidad autónoma se encuentra en el grupo que encabeza la aplicación de la legislación. Los tres entes forales —gobernados por Bildu, PNV y PP— han optado por hacer caso omiso de la moratoria de aplicación del calendario de extensión de las ayudas a distintos niveles de dependientes y están cubriendo la totalidad de las ayudas a dependientes moderados, a falta de la aportación estatal.

Euskadi es la comunidad autónoma con el mayor nivel de protección en cuanto a prestaciones sociales se refiere. Con 57.000 personas cobrando la principal ayuda, la renta de garantía de ingresos, invirtió cerca de 400 millones en pagar las ayudas. El colchón social ha sufrido recortes, tanto en la cuantía mensual, que este año es un 7% inferior, como en su acceso, que se ha endurecido para algunos colectivos.

Funcionarios

Oposiciones, pero también recortes

Euskadi realizó su primer recorte de los salarios de funcionarios en 2010, con un 5% de reducción de media, y ahora aplicará el incremento de la jornada laboral a 37,5 horas. En 2012 se están realizando OPE en Educación y en Sanidad. Entre medias, los funcionarios de la administración autonómica han sufrido otro paquete de medidas en 2011. La congelación de las aportaciones al fondo de pensión Itzarri ha llevado al Ejecutivo a presentar un recurso ante el Constitucional.

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