La fuerte demanda de ayudas sociales en Bizkaia desborda las previsiones

La Diputación deberá ampliar en otros 600.000 euros la dotación presupuestaria

“No ha existido una previsión fiable de las necesidades sociales”. De este modo justificó ayer la Diputación de Bizkaia la ampliación el próximo mes en otros 600.000 euros de la partida destinada a las ayudas especiales para la inclusión social. El presupuesto inicial para este 2012, de 750.000 euros, se agotó en solo dos meses, lo que ya obligó a los responsables forales a inyectar 350.000 euros más el pasado abril. Fuentes del departamento de Acción Social señalaron que con la nueva dotación “se podrán cubrir” las necesidades hasta finales de año. Desde el PP criticaron la “falta de planificación” de la institución provincial.

La Diputación justificó este error en el cálculo presupuestario por el “cambio legislativo”. El Gobierno vasco estableció en diciembre de 2011 en tres años el tiempo mínimo de empadronamiento para recibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). A continuación, la institución foral elevó a dos años y medio el empadronamiento necesario para cobrar sus ayudas especiales para la inclusión social.

El portavoz foral, Juan María Aburto, explicó que las mencionadas ayudas se crearon para atender al grupo de población que no cumplía con el año de empadronamiento en Bizkaia necesario para cobrar la RGI. El requisito para disponer de este dinero era haber estado inscrito en algún padrón del territorio al menos seis meses. Así, estas personas podrían cobrar esta ayuda el tiempo que les restaba para tener derecho a la RGI.

Los 750.000 euros designados al inicio se agotaron en tan solo dos meses

“Al elevar el Gobierno el tiempo de empadronamiento a tres años, nos vimos obligados a aumentar el nuestro a dos años y medio”, justificó Aburto. La Diputación “no podía” mantener esa prestación durante tantos meses, agregó. “No hay presupuesto que soporte eso”, zanjó.

La Diputación entendió que este endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas sociales iba a provocar que el número de personas que las iban a reclamar sería mucho menor. En un primer momento, presupuestó 750.000 euros, el 28% del dinero destinado en todo 2011 —2,6 millones—. La partida se agotó en solo dos meses. En abril se inyectaron 350.000 euros y el próximo mes se añadirán 600.000 más.

Acción Social cree que no harán falta nuevas partidas hasta final de año

427 personas reciben mensualmente estas ayudas y la previsión es que se produzca un incremento de 30 perceptores más cada 31 días. No obstante, desde Acción Social consideraron que “no será necesario” recurrir a nuevas partidas extraordinarias.

El juntero popular Eduardo Andrés criticó la “falta de planificación” de la institución provincial. “Si los 750.000 se acabaron en febrero y la partida extraordinaria no llegó hasta abril, ¿qué pasó en el mes de marzo? Pensamos que muchos vizcaínos pueden haberse quedado en una situación crítica. Lo que deberían hacer es aumentar la partida de golpe y no a trocitos”, consideró Andrés. De su lado, la Diputación aseguró que “ningún perceptor” se ha quedado sin cobrar las ayudas hasta el momento.

Estas mismas fuentes señalaron que la institución provincial tiene 1.847 expedientes sobre la RGI pendientes de trasladar al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, de los cuales 1.035 son anteriores al 31 de diciembre de 2011. Criticaron que la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, sostuviera recientemente que los recursos pendientes eran 4.000.

Por otro lado, el Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao mostró ayer su “preocupación” por los recortes puestos en marcha por el Gobierno de Rajoy. En concreto, manifestó su rechazo a la reforma del sistema sanitario, ya que, en su opinión, implica “un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria”. El organismo denunció que la reforma “restringe” ese derecho a los extranjeros sin permiso de residencia. Según sus datos, unas 17.000 personas en Euskadi están en esta situación, 4.000 de ellas en Bilbao. “Genera personas de segunda categoría”, censuró.

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