El Constitucional admite el recurso del PSOE contra la privatización del Canal

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por 50 senadores del PSOE contra el proyecto del Gobierno de la Comunidad de sacar a bolsa la empresa pública

Concentración contra la privatización del Canal de Isabel II. / GORKA LEJARCEGI

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de más de 50 senadores socialistas contra la privatización del Canal de Isabel II, prevista en el artículo 5 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. En la providencia de admisión, el Constitucional ordena dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y a la Comunidad y a la Asamblea de Madrid para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones.

La ley escoba de los Presupuestos la Comunidad de Madrid de 2012 fue aprobada en diciembre pasado por la Asamblea de Madrid. El artículo que han impugnado los senadores socialistas, el 5, establece la posibilidad de enajenar hasta un máximo del 49% de la empresa pública de suministro de agua a operadores económicos y ciudadanos. Según explicó el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, el 22 de marzo el 22 de marzo al anunciar el recurso, este tiene como finalidad "frenar eso que ha decidido el Gobierno del PP, el Gobierno de la señora (Esperanza) Aguirre, que es privatizar el agua de todos los madrileños"

Además de establecer las modificaciones legales que permiten a la Comunidad avanzar en la venta del Canal, la ley de acompañamiento permitía al Canal tomar participaciones de otras empresas. "La nueva sociedad podrá realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de estas sociedades sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno". A finales del año pasado se especuló con la posibilidad de que el Canal se convirtiera en socio de referencia de Bankia. Previamente, la ley de escoba aprobada a finales de 2008 para las cuestas regionales de 2009 estableció las bases para la privatización al permitir a la empresa pública constituirse en sociedad y vender el 49% de sus acciones. Se fijaba además una reserva de participación del 20% para los municipios madrileños.

"Se ha admitido a trámite porque formalmente cumple los requisitos, pero obviamente no hay ningún pronunciamiento. El TC de momento no ha dicho nada más", asegura una portavoz del Canal de Isabel II. "Esta cuestión lleva abierta desde 2008 y es ahora cuando presentan el recurso", añade.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado hoy que su partido va a emplear todos los elementos a su alcance para impedir la privatización del Canal de Isabel II, que ha calificado como un "expolio al que quiere someter a los madrileños" la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Gómez ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos y ha afirmado que su partido va a "conseguir frenar" el proceso. "El agua de los madrileños tiene que seguir siendo de los madrileños", ha añadido.  

Esta decisión del Tribunal Constitucional se conoce apenas unos días después de que la Asamblea de Madrid rechazara volver a discutir en sede parlamentaria la privatización del Canal. El PP utilizó su mayoría absoluta en la cámara para imponer el rodillo y rechazar la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa municipal (ILM) que presentaron en la Asamblea ocho municipios madrileños. IU fue quien les dio voz al presentar formalmente la petición de toma de consideración. La proposición de ley pedía derogar varios artículos de la Ley de medidas fiscales de la Comunidad de Madrid de 2009 para preservar “el irrenunciable carácter público del Canal”.

A principios de marzo la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, partidos como IU, sindicatos como CC OO y entidades como Ecologistas en Acción organizaron una consulta popular en la que preguntaron a los ciudadanos si querían que el Canal siguiera siendo cien por cien público. Votaron más de 167.000 personas, según los organizadores, de las que el 99% dijo estar de acuerdo con el carácter público de la empresa de aguas. La intención de los promotores de la consulta era animar a Aguirre a llevar a cabo un referéndum sobre la cuestión para conocer la opinión de la ciudadanía. Finalmente ni siquiera el Parlamento regional lo va a debatir.

El pleno de la Asamblea escuchó las intervenciones a favor de tomar en consideración la ILM del PSOE, IU y UPyD y la intervención en contra, del PP. El diputado del PP Enrique Ruiz Escudero aseguró que para mejorar las infraestructuras del Canal solo hay dos opciones: subir las tarifas o la “capitalización”, que es la que han escogido. Amparo Valcarce, del PSOE, respondió que “no existe ninguna necesidad de capitalización” por tratarse de “una empresa saneada, con una capitalización razonable y una deuda que el 90 por ciento es a largo plazo”. El diputado de IU Antero Ruiz criticó las “presiones” a las que ha sometido el Gobierno regional a los ayuntamientos para que firmen los convenios previos a la privatización. Juan Luis Fabo, de UPyD, puso en duda que las razones que esgrime la Comunidad para poner en venta el Canal sean “ciertas”.

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Redactora de Sanidad y Medio Ambiente

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