_
_
_
_
_

Dimiten otros dos altos cargos del Consell imputados en el ‘caso Nóos’

Lobón se marcha "a petición propia", según la consejera Lola Johnson También deja su puesto el director del Instituto de Finanzas, Jorge Vela Fabra justifica las renuncias porque los ciudadanos exigen "ejemplaridad."

Luis Lobón, este lunes en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Luis Lobón, este lunes en la Ciudad de la Justicia de Valencia.KAI FÖRSTERLING (EFE)

Los escándalos de corrupción siguen pasando factura al PP. El secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos, Luis Lobón, y el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, dimitieron el martes por su implicación en la rama valenciana del caso Nóos.

Los sucesos se precipitaron tras la declaración de Lobón el lunes en Valencia ante el juez José Castro, que investiga la actividad del Instituto Nóos que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Lobón entró al interrogatorio como testigo y salió como imputado por un supuesto delito de prevaricación cometido durante su etapa como responsable de Grandes Proyectos a las órdenes de Gerardo Camps en la Consejería de Economía. La imputación se refiere a su participación en la contratación del Instituto Nóos para la celebración de tres congresos denominados Valencia Summit entre 2004 y 2006 por los que la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau pagaron un canon de 900.000 euros anuales y unos gastos de 350.000 euros.

Los contratos de CACSA

La Generalitat valenciana, a través la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA), y el Ayuntamiento de Valencia, contrataron con el Instituto Nóos tres ediciones del Valencia Summit, un congreso sobre el impacto de los grandes eventos deportivos en las ciudades . El instituto presidido por Iñaki Urdangarin cobró por estos congresos más de 3,5 millones de euros entre 2004 y 2006.

Tanto Luis Lobón como Jorge Vela están relacionados con los contratos firmados por CACSA. El primero era en esos años responsable de grandes proyectos de la Generalitat, mientras que el segundo ocupó a partir de 2005 la dirección general de la empresa pública. Ambos han dimitido esta mañana por su imputación en el caso. El juez también mantiene imputados a otros excargos del Consell y responsables de CACSA.

Lobón decidió dimitir la noche del lunes, después de que le recordasen que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no estaba dispuesto a tener imputados en el Consell.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, fue tajante: “En esta Administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad”.

“Desde mi Gobierno”, prosiguió Fabra, “tenemos muy claro que aquellas personas que estén involucradas en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Con la dimisión de Lobón y Vela son ya cinco las bajas de altos cargos relacionadas con escándalos de corrupción desde que Fabra asumió el poder. Las otras tres anteriores fueron: Josep María Felip, director general de Cooperación, y Alexandre Català, subsecretario de la Consejería de Sanidad, imputados en el escándalo de las ayudas a la cooperación, e Ignacio Bernacer, jefe de la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat, por el caso Emarsa.

Lobón arrastró en su caída a Jorge Vela, que estaba imputado en el mismo sumario del caso Nóos desde el pasado mes de enero. Vela aseguró el mes pasado, ante el mismo juez, que siendo director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, recibió de Lobón la instrucción de contratar con la empresa de Urdangarín la celebración del Valencia Summit de 2005 y 2006 en las mismas condiciones que en el año 2004.

En total son ya seis los imputados valencianos en la rama valenciana del caso Nóos. Junto a Lobón y Vela están imputados el también exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar, la exdirectora de gestión y exresponsable jurídica de CACSA Elisa Maldonado, la también exresponsable jurídica de la empresa de la Generalitat María Ángeles Mallent y el empresario de Lobby Comunicación, Miguel Zorio.

La dimisión de Lobón fue anunciada por la consejera de Turismo, Lola Johnson, en un acto público, donde aseguró que su secretario autonómico renunciaba al cargo para preparar su defensa y no dañar la imagen de la Generalitat.

Jorge Vela, hermano del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, optó por emitir un comunicado en el que vinculó su dimisión a la imputación de Lobón y de María Ángeles Mallent. Esta última, también imputada tras el interrogatorio, fue la responsable del departamento jurídico de CACSA bajo la dirección de Vela.

El ya exdirector general del Instituto Valenciano de Finanzas recalcó en el comunicado que su dimisión es “puramente coyuntural” y negó que haya anunciado la renuncia “bajo ningún tipo de presión de la Generalitat o del PP”, partido en el que no milita.

Las renuncias de Lobón y Vela provocan una nueva avería en el funcionamiento de la Administración valenciana. La baja del director del Instituto Valenciano de Finanzas, que se encargaba de renegociar con los bancos los vencimientos de los créditos, se produce apenas 48 horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene que aprobar el plan de reequilibrio financiero del Consell.

La marcha del secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos tiene otra clase de connotaciones. Lobón era el encargado de intentar desbloquear los numerosos pleitos existentes de Ciudad de la Luz en Alicante e intentar un acuerdo con la actual concesionaria de los estudios cinematográficos, Aguamarga. Lobón también era el responsable de intentar buscar una solución al aeropuerto de Castellón.

El líder del PSPV, Ximo Puig, aseguró que las dimisiones demuestran que “hay una metástasis en el sistema de gobierno del PP”. El portavoz de Compromís, Enric Morera, criticó la falta de “ejemplaridad” de Fabra.

Por su parte, Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, apuntó que quieres tomaron la decisión de “hacer regalos millonarios a Nóos” fueron Francisco Camps y Rita Barberá.

Notable malestar en el PP

La dimisión de Luis Lobón generó un notable malestar en el seno del PP en vísperas del 13º congreso que elegirá a Alberto Fabra como presidente de los populares valencianos.

La renuncia del secretario autonómico de Turismo, apenas unas horas después de ser formalmente imputado, encorajinó a un buen número de cargos populares.

Primero, porque consideraron que el criterio aplicado por Presidencia de la Generalitat es demasiado estricto y no hace distinción entre imputaciones. Es decir, según explicaron algunos cargos populares en privado, con el criterio adoptado por el presidente de la Generalitat cargos como el edil y diputado autonómico Jorge Bellver, imputado por prevaricación como Lobón y finalmente absuelto, tendría que haber abandonado sus cargos.

Segundo, porque el criterio utilizado cuenta todavía con demasiadas excepciones y es visto como injusto en las filas del PP. De hecho, Jorge Vela ha permanecido imputado en el caso Nóos cuatro meses largos antes de abandonar su puesto por las mismas razones que Lobón.

De hecho, a pesar de las contundentes declaraciones que realizó ayer el presidente de la Generalitat, la directora general del Promoción Institucional, Dora Ibars, y el jefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, continúan en sus cargos. Ambos están imputados en la causa por la supuesta financiación ilegal del PP regional en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia.

La situación del Grupo Popular es todavía mucho peor. En la bancada que sustenta a Fabra se sientan un total de siete imputados. Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such están imputados, igual que los dos cargos citados del Consell, por la causa de la financiación ilegal.

El diputado Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Otros dos diputados alicantinos, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, están acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Brugal a la espera de la decisión del juez.

A este rosario de nombres hay que añadir el del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, imputado por delito fiscal y contra la Administración. Y el del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado por el caso Brugal.

Fabra ya ha dicho que en la dirección regional del PP que elija el congreso del próximo fin de semana no habrá ningún cargo imputado, aunque parece probable que alguno de ellos, como Carlos Fabra, utilice su influencia para colocar a su compañera sentimental, Esther Pallardó.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_