De las chabolas a la calle

El derrumbe en una casa ocupada en Tarragona acelera la decisión judicial para un derribo en Reus

El barrio de Sant Josep Oriol de Reus, donde 20 personas viven en condiciones insalubres. / JOSEP LLUÍS SELLART

Desde hace más de dos décadas al menos 20 personas, muchas de ellas niños, viven de manera itinerante en unas antiguas naves de Reus (Baix Camp). Se las conoce como las parcelas del Corral de la Pacheca y están ubicadas en las inmediaciones del barrio de Sant Josep Obrer. Tiempo atrás las edificaciones también se habían utilizado como gallineros o establos, pero ahora la basura y los muebles destartalados se acumulan a su alrededor. En una de las naves incluso las paredes ya se han venido abajo y las familias que las ocupan se las ingenian para sobrevivir en condiciones insalubres. Y con un futuro incierto: el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha dictado una orden de derribo porque su propietario, un empresario de la ciudad, denunció la ocupación ilegal ante los Mossos d’Esquadra.

Diversos técnicos y el arquitecto municipal realizaron informes sobre los edificios y determinaron que se encuentran en estado ruinoso. La decisión judicial se ha acelerado para evitar un episodio trágico como el ocurrido el mes pasado en Tarragona, donde una mujer y su hija de dos años murieron al derrumbarse parcialmente la casa en la que vivían. Los agentes ya notificaron la decisión a las tres familias afectadas, de etnia gitana, la semana pasada y el miércoles que viene las máquinas derribarán las naves. Cuando fueron a la zona identificaron a 23 personas viviendo en las chabolas, pero es difícil contabilizar el número exacto de gente que pernocta allí. “No sé qué será de mí, no cobro nada, vivo aquí desde hace cinco años, mi madre ha sufrido tres embolias y no tenemos sitio para vivir”, explica Germán Pérez, de 49 años. Pérez se las ingenia para conseguir ingresos vendiendo chatarra y caracoles. Vive en menos de 10 metros cuadrados, con una estufa de leña para resguardarse del frío invernal. “Nunca pensé terminar así y no creo que pueda volver a encontrar trabajo porque ya soy mayor”, dice Pérez.

A pocos metros, Verónica, de 24 años, comparte estancia con sus padres y tres niños, de dos, cinco y siete años. Apenas tienen colchones para dormir. En la nave vecina vive otra familia con cuatro hijos. Una tercera familia, con ocho hijos, se marchó del lugar hace pocos días. “Todos los niños van al colegio limpios, nosotros podemos dormir encima de un árbol, pero ellos no, por eso necesitamos ayuda”, afirma Verónica. Nació en Reus y lleva 15 años viviendo allí.

Los servicios sociales del Ayuntamiento les han visitado, pero los afectados aún no saben dónde dormirán a partir del día 16. Según el Consistorio, ya se han hecho cargo de algunos casos, derivados por la Guardia Urbana, aunque no especifican el número de personas atendidas. Los servicios sociales pueden ofrecer ayuda psicológica, comida o alojamiento temporal. “Nos dicen que nos busquemos un sitio para vivir, nos pagan la entrada, pero el problema es seguir haciéndolo después, no nos podemos permitir un alquiler de 500 euros”, añade Ángel Antorán, de 49 años. Algunos vecinos celebran la decisión judicial, pero muchos se preguntan dónde vivirán las familias desahuciadas. Como los afectados, temen que el problema no finalice con el derribo, sino que se trasladen hasta otra casa abandonada y se perpetúe así su situación.

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