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La Junta reclama al Gobierno 1.900 millones por el déficit de inversiones

Los populares replican que son los socialistas quienes incumplen el Estatuto

Antonio Ávila, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. / GARCÍA CORDERO

El PP andaluz no ha andado muy fino al sostener que los estatutos de autonomía, incluido el de Andalucía, no son de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, como hizo el martes en el Congreso de los Diputados el parlamentario Juan José Matarí, hombre cercano a Javier Arenas. Una tesis que apostilló al día siguiente sin ambages el portavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, aun cuando tal afirmación se refería a que el Gobierno de Mariano Rajoy no debe nada a la Junta por las inversiones que no se han ejecutado (1.500 millones en 2008 y 2009), reivindicación que siempre ha defendido con ahínco el PP andaluz.

El PSOE y el flamante Ejecutivo de coalición no han dejado escapar la ocasión y se han colado por la grieta con una batería de acusaciones al Gobierno de Mariano Rajoy y su partido por antiandaluces e insumisos del Estatuto de Autonomía, que es el que establece que las inversiones estatales deben ser equivalentes al peso de la población andaluza en España (17.8%). Este jueves los populares intentaron enmendar el error y contraatacaron con desmentidos de sus dirigentes de un extremo a otro de la comunidad, pero la bola ya había echado a rodar y los socialistas han seguido engordándola.

El consejero de Economía, Antonio Ávila, reclamó tanto el pago de lo no ejecutado en 2008 y 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como lo que no figura ahora en el Presupuesto de 2012, que cifró en 408 millones, el 14,6% del montante global, cuando debería ser del 17.8%. Es decir, más de 1.900 millones de euros. El consejero llamó la atención respecto a la cantidad que falta por saber de los ejercicios de 2010, ya liquidado, y 2011. Ávila dijo que estas peticiones no es “confrontación” sino una solicitud conforme al Estatuto y apeló la responsabilidad del PP andaluz para que la norma andaluza no se convierta ahora en “papel mojado”.

Aún queda por saber el desfase de los ejercicios de 2010 y 2011

El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, terció en la polémica y, tras mostrar su “preocupación”, afirmó que el Estatuto está para cumplirse porque fue aprobado por las Cortes Generales y un referéndum.

El secretario general del grupo parlamentario del PP, Rafael Salas, reprochó a los socialistas su “cinismo, engaño, mentira y fraude” por exigir al Gobierno de Rajoy lo que, sostuvo, no reclamaron a Zapatero, aunque la Junta firmó en los últimos meses del mandato de este el acuerdo de pago de los 1.500 millones. Salas dijo que el PP defiende su “compromiso absoluto” con el Estatuto. En la red social Twitter, Arenas abundó en este reproche y dijo que Griñán aceptó un “modelo perjudicial” para Andalucía y “aplaudió” el pacto entre Zapatero y Esquerra Republicana, “que nos situó en el último lugar en financiación per cápita”.

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