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La Complutense reclama que no suban las tasas universitarias

La mayor universidad de España rechaza el decreto de recortes del Gobierno Pide que se retire y que se garantice la financiación sin subir el precio a los alumnos Cree que las medidas de Educación "dañan gravemente" la docencia y la investigación

Pilar Álvarez
José Carrillo, rector de la Universidad Complutense de Madrid.
José Carrillo, rector de la Universidad Complutense de Madrid.LUIS SEVILLANO

Primero habló de una forma más institucional la CRUE (la conferencia de rectores de las universidades públicas españolas) para pedir que contaran con ellos en los grandes cambios. Ahora son las propias universidades las que alzan la voz contra las últimas medidas de recorte aprobadas por el Gobierno, que prevén un aumento inédito en las tasas universitarias, someten a los centros superiores de enseñanza a un exhaustivo control de cuentas y cambia el control de las horas de docencia e investigación de los profesores universitarios.

Una de las más contundentes ha sido la Complutense de Madrid (UCM), la universidad presencial más grande de España. En un comunicado muestra su “rechazo absoluto” al Real Decreto Ley 14/2012 y pide su retirada porque aplicarlo "daña gravemente la calidad de la docencia e investigación".

El escrito, consensuado tras una reunión del consejo de Gobierno de la UCM el 7 de mayo, señala que la tramitación y el contenido de este decreto daña el modelo actual “basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público”. Piden que se retire y se garantice la financiación universitaria “sin que esto repercuta en los precios de las tasas para los sectores menos favorecidos de la población”.

Los precios públicos que pagan los estudiantes van a sufrir el próximo curso un incremento de hasta el 66% en primera matrícula, con una subida que puede alcanzar 540 euros, según la estimación oficial del Gobierno. El Ministerio de Educación ha cambiado la forma de calcular los costes. En lugar de estimar las subidas anuales en función del IPC más una horquilla de hasta cuatro puntos, como el curso pasado, aplicará una fórmula relacionada con el coste real de cada curso, cuya media es de 6.000 euros, según estimaciones de Educación. El ministerio ha fijado una horquilla del 15 al 25% del coste en primera matrícula, entre el 30% al 40% en la segunda y así hasta un 100% en la cuarta.

Las comunidades autónomas deben fijar sus topes en estas horquillas. El consejo de gobierno de la Complutense - un organismo encabezado por el rector, José Carrillo y con 50 miembros entre catedráticos, profesores, personal de administración y estudiantes- considera que esta subida “incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis”. Y temen la repercusión en másters y posgrados, donde los precios se incrementan aún más.

La Universidad de Barcelona se ha manifestado en la misma línea y suma otra queja por el aumento de la exigencia en los requisitos para conseguir una beca, aprobado en un decreto posterior, que supone aprobar hasta el 95% de los créditos en la mayoría de las carreras. La Universidad de Santiago de Compostela también rechaza las subidas y la Jaume I de Castellón reclama de que se retire el decreto ley y se abra un proceso de diálogo con los centros superiores, que no participaron en la elaboración del documento.

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"Grave desconocimiento" del sistema

La UCM rechaza en su escrito la forma de valorar la dedicación docente y la investigación –el Ministerio fija un aumento de la carga lectiva de los profesores- sin considerar otras actividades, dice el escrito, como la gestión. Acusa al ministerio de “un grave desconocimiento” del sistema universitario “al confundir la actividad laboral del personal docente e investigador con la dedicación del estudiante”.

Los créditos ECTS miden el volumen de trabajo de los alumnos pero son los que emplea el Ministerio en el decreto para marcar el trabajo de los docentes, con 16 créditos para titulares y catedráticos. Esta consideración también elude, según añade la Complutense, al personal contratado (a tiempo parcial, profesores asociados) lo que a su juicio, “hace de imposible la aplicación este Real Decreto Ley”. Por último, teme que se abra la puerta a la “privatización de servicios universitarios de las universidades públicas” por un apartado del decreto que permite a las empresas cooperar en “enseñanzas” para obtener títulos universitarios.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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