Accionistas de Aqualandia llevan al fiscal la venta de Terra Mítica

Acusan de prevaricación y malversación de caudales públicos a la Generalitat

Cuatro accionistas minoritarios de Aqualandia España, SA, el grupo empresarial del que una de sus filiales (Ocio y Parques Temáticos, SL) acordó con la Generalitat la compra del parque Terra Mítica de Benidorm por 65 millones de euros, han solicitado a la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investigue la operación.

Según la denuncia, presentada el viernes pasado, la operación se materializó “a través de un broker denominado Ambers, por parte de un organismo de la Generalitat Valenciana, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), dependiente de la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad Valenciana, sin respetar la legislación vigente y causando un grave perjuicio para la causa pública”.

Los denunciantes acusan de prevaricación y malversación de caudales públicos a los responsables de la SPTCV y aseguran que no se ha respetado la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. Esta norma exige la subasta pública y el respeto a los principios de publicidad y concurrencia para la venta de sus bienes muebles, en este caso la venta del 22,31% de las acciones de la empresa pública, que “no pueden enajenarse arbitrariamente, y de forma amigable, a una entidad privada, como es Aqualandia, de forma caprichosa y clandestina”, según recoge el escrito de denuncia.

Guerra interna

La pretensión de estos cuatro accionistas minoritarios, que han impugnado seis de las últimas nueve cuentas anuales presentadas por la firma Aqualandia, es paralizar la compra del parque de ocio por parte de la empresa de la que son propietarios a causa de la guerra interna que mantienen desde hace una década con George Santa Maria, el accionista mayoritario. De hecho, la denuncia, redactada por un despacho de abogados de Madrid, solicita la suspensión de la venta de las acciones que SPTCV tiene de Terra Mítica.

También descubre la denuncia que cuando el Consell eligió Aqualandia de una terna que completaban Parques Reunidos y Aspro, la mercantil adjudicataria del arrendamiento del parque adelantó 15 millones que se repartieron, en función de su participación, la SPTCV, Tinser (sociedad de la CAM), Bancaja y el Banco de Valencia.

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