Salvem l’Estatut
Los creadores de éxitos como “la vivienda nunca baja” o “España, el sistema financiero más sólido de Europa” llevan un tiempo promocionando un hit ambicioso para esta legislatura: "la culpa de todo la tienen las Comunidades Autónomas". Los valencianos, además, hemos disfrutado del dudoso honor de que nos hayan pre-estrenado la película en una versión adaptada a nuestras peculiaridades que hace furor ya desde hace tiempo “Intervengamos la Grecia española”.
El argumento es conocido. Mientras los españoles disfrutamos de una Administración del Estado seria, profesional y austera tenemos, a la vez, la desgracia de que nos hayan caído en suerte unas estructuras autonómicas intrínsecamente verbeneras, incompetentes y derrochadoras. Así, las mismas estructuras políticas y económicas beneméritas que copan el poder en la Administración central se tornan misteriosamente en gañanes en cuanto abandonan el centro peninsular. De modo que gastar miles de millones en líneas de AVE sin parangón en el mundo y con frecuentaciones que sonrojan a cualquier europeo es una muestra de buen juicio mientras que si una autonomía paga un par de cientos para hacer un aeropuerto es el ejemplo mundial de la risión y la chapuza. Y en esta misma línea que nuestro país gaste más en porcentaje de PIB (y en algunos casos incluso dedique más recursos per cápita, lo que tiene mucho mérito siendo más pobres que ellos) que Francia, Alemania o Italia a competencias estatales como defensa, exteriores o policía es normal, mientras el gasto en Sanidad y Educación, responsabilidad de las CC.AA. y sensiblemente por debajo del de nuestros vecinos, se considera excesivo.
El autogobierno ahora cuestionado por los mismos que llevan varias reformas laborales para crear el empleo (con los resultados de todos conocidos) no es panacea de nada, como es obvio. Ahora bien, hay diferencias inevitables y notables entre que ciertas competencias sean ejercidas desde aquí o que lo sean desde Madrid por medio de un delegado territorial. Quien tenga alguna duda puede hacer el experimento mental de comparar cómo se han cubierto servicios y prestaciones autonómicos a lo largo de nuestro territorio y lo que ocurre con las competencias que el Estado sigue ejerciendo por aquí. ¿Queremos una salud y una educación gestionadas con el mismo criterio con el que han planificado el tren Gandia-Dénia, la conexión Tarragona-Castellón o la vertebración por carretera de norte a sur (AP-7, de pago)? No hace falta ser muy listo para ver que los ciudadanos condicionamos más (para mejor) las decisiones si éstas se adoptan en una instancia cercana.
Cataluña, País Vasco, Andalucía e incluso Galicia tienen ya claro por dónde van los tiros. Son sociedades que van a defender su autonomía. Con gobiernos que, todos ellos, se sienten responsables, en primer lugar, ante sus ciudadanos. Algo que por estos lares es de momento impensable. El País Valenciano, como ya ocurrió a principios de los años ochenta, debe decidir si, de nuevo, se pliega a los intereses centralizadores. Si alguien duda de lo mucho que nos jugamos que recuerde el modelo de financiación autonómica (como hacía el otro día aquí Josep Torrent), el trato recibido dado que la decisión ha dependido de otros, la incapacidad de nuestros políticos para alzar la voz… y la nuestra para obligarles a hacerlo.
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