Los altos cargos que oculten información serán inhabilitados

Arrastrada por el Gobierno central y por comunidades pioneras como Navarra, finalmente, Cataluña quiere subirse al tren de la transparencia administrativa. El Parlament ya tiene a punto el primer boceto de la ley que debe permitir a los ciudadanos conocer al dedillo el sueldo de todos los cargos públicos, el destino de las subvenciones y garantizar, entre otras cosas, el acceso a documentos públicos hasta ahora guardados bajo llave. Los grupos parlamentarios tienen ya encima de la mesa el documento base que ha elaborado el letrado de la Cámara con las propuestas remitidas por los grupos y ahora se comenzará a debatir.

En los últimos años, la falta de transparencia en la Generalitat ha sido objeto de sonadas polémicas. Los informes de dudosa utilidad por valor de cientos de miles de euros que encargaron los Gobiernos de Jordi Pujol y los del tripartito y que intentaron ocultar a la ciudadanía pusieron de relieve una gran falta de transparencia. Lo mismo ocurrió con las decenas de asesores cuyo sueldo se dio a conocer tras muchos meses de polémica.

La proposición de Ley de Transparencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS busca poner fin a estas situaciones. El texto, de 52 folios y con fecha del 23 de abril, busca “garantizar la transparencia”, “regular el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública”, “establecer unos principios de buen gobierno” y establecer sanciones a quienes lo incumplan. El texto fija, además, un régimen de sanciones leves, graves y muy graves.

Los cargos sancionados tendrán que afrontar penas que van de la simple amonestación en caso de infracciones leves a la destitución del cargo y la inhabilitación por cinco años. Será considerada falta muy grave aplicar de forma injustificada los límites de transparencia que establece la ley y que se limitan, básicamente, a la protección de datos de carácter personal. También será falta muy grave dar información parcial u ocultar y manipular información relevante, así como obstaculizar deliberadamente el acceso a la información.

Se publicarán todos los sueldos, no solo de los altos cargos —que ya se hace— sino también de los directivos de los entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, al igual que las indemnizaciones que perciban al dejar el cargo. Se evitaría así situaciones como la actual, en la que es un misterio el sueldo de altos cargos de la Agencia Catalana de Cooperación y Televisió de Catalunya, entre muchos otros. Además, se hará público el número de liberados sindicales por cada departamento o empresa pública.

También se deberá elaborar un código ético para todos los altos cargos. Estos no podrán aceptar ningún “obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda ofrecer por razón de su cargo o que pueda comprometer el desarrollo de sus funciones”.

Los presupuestos también deberán ser más transparentes. Cada tres meses se hará público “de forma entendedora” el grado de ejecución de las cuentas públicas por sectores y el coste de todas las campañas de publicidad institucional. También será algo más fácil saber adónde va el dinero de la Administración. Se dará publicidad del volumen presupuestario contratado por los diferentes adjudicatarios los últimos tres años.

La transparencia también llegará a los convenios y subvenciones. El descontrol en este ámbito quedó al descubierto cuando estalló el caso Palau. Según la proposición de ley, deberán hacerse públicos todos los convenios, y las entidades con subvenciones de más de 3.000 euros deberán informar sobre las retribuciones de sus directivos. Pero el proyecto tiene todavía importantes lagunas. Si bien reitera que todos los altos cargos deben hacer una declaración de patrimonio al acceder al puesto, esta podría continuar siendo secreta. Tampoco parece que se vaya a hacer público el contenido de los informes y dictámenes que encargue la Administración.

El acceso de los ciudadanos a toda la información disponible se vehiculará a través de un portal electrónico que tendrá que ponerse en marcha al medio año de la aprobación de la ley. Está por ver quién regulará todas las cuestiones relacionadas con la transparencia: podría crearse un organismo específico o dejarlo en manos de la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas.