Ulloa asegura que la violencia callejera habría disparado la prima de riesgo

"No podemos permitir que por la broma de la piedra o del cóctel molotov suba la prima de riesgo", aseguró ayer por la mañana el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, en referencia a los incidentes que se temían que empañasen la reunión ordinaria que ha mantenido el Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona. El dispositivo de seguridad, con 8.000 policías, acabó sin ningún detenido y sin ninguna protesta contra la visita. Pero Ulloa defendió ayer en rueda de prensa que estaba en juego la estabilidad económica de España. "Solo con seguridad vamos a conseguir salir adelante de esta situación crítica que atraviesa España y Cataluña", indicó.

Ulloa defendió la proporcionalidad del despliegue, que no se veía en Barcelona desde el año 2002, en una cumbre de jefes de estado de la UE. "No se puede abordar [la seguridad de la reunión] de manera bisoña", ha insistido. Y ha negado que hubiese bastado con "una serie de unidades de orden público". "No se puede decir que por 13 personas nos hemos gastado una millonada. Es un argumento burdo", siguió. Pero ha declinado hacer pública la cifra del coste del despliegue por cuestiones de "seguridad". "Menos que cualquier evento del Barça-Real Madrid o la pasada huelga general", añadió.

La operación no se ha cerrado aún, y todavía quedan en Cataluña parte de los agentes de refuerzo, que en total han sido 3.500, sumados a los 4.500 Mossos d'Esquadra. El despliegue de la policía catalana ha costado entre 400.000 y 500.000, según explicó el consejero de Interior, Felip Puig, en RAC-1. "Cataluña, y Barcelona, es hoy más segura que ayer", sentenció Ulloa.

El inusitado despliegue policial se ha granjeado las críticas de la oposición. "Fue excesivo y sobredimensionado", lamentó el diputado de ICV-EUIA, Jaume Bosch. Y también fue mál visto en CiU. "Creo que se han pasado", dijo el jueves su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida. Bosch ha pedido su comparecencia de éste en el Parlament junto a la de Puig y la del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, para que cuenten el coste del operativo policial.

Además, ha supuesto una dura batalla de coordinación policial. Ulloa insistió en que Puig le pidió ayuda, algo que Interior niega tajantemente. El Ministerio de Interior ha suspendido el Tratado de Schengen durante seis días para poder controlar quién entraba en España. La medida excepcional ha supuesto hasta ahora la detención de 31 personas que estaban buscadas por la justicia y se ha impedido el paso a otras 56, la mayoría por no tener la documentación en regla. La policía impidió también el paso a dos personas de origen alemán que portaban material que podía servir para crear aparatos incendiarios.