Jerez decide “secuestrar” el servicio de autobuses urbanos

Jerez recupera el servicio de autobuses urbanos tras 14 semanas de huelga. El Ayuntamiento ha decidido este viernes “secuestrar el servicio” como única forma de frenar la huelga durante la celebración de la Feria del Caballo. Los autobuses volverán a circular el lunes, jornada inaugural de la fiesta grande del municipio en el parque González Hontoria. Tras 98 jornadas sin servicio, se han visto afectados 20.000 usuarios diarios y el comercio local y el mercado de abastos han sufrido pérdidas de entre el 50 y el 70%.

Los trabajadores de la concesionaria Urbanos Amarillos han aceptado desconvocar la protesta sin cobrar un céntimo de las más de cinco nóminas que se les adeudan. La adjudicataria insiste en que no pagará a sus empleados hasta que el Consistorio pague la deuda del servicio; y desde el Gobierno municipal admiten que no dispondrán de “cierta liquidez” hasta el mes de junio, fecha en la que se espera haber pagado el 100% de la deuda comercial de la Administración local gracias a la línea de crédito aprobada para el plan de pago a proveedores.

Precisamente esa línea de crédito va a permitir que la anterior concesionaria del transporte público (Cojetusa) pueda abonar a la plantilla otros 7.000 euros que dejó sin pagar a cada operario, cantidad que se suma a las más de cinco nóminas que tiene pendiente la actual empresa.

Ese pago de Cojetusa pendiente desde 2010 y el compromiso de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, de empezar a sufragar el servicio en un mes es lo que ha llevado a los trabajadores a dar “un nuevo margen de confianza” y desconvocar la huelga que iniciaron el 30 de enero. El Ayuntamiento aprobará este lunes el “secuestro” del servicio, una fórmula jurídica por la que el Consistorio puede disponer del personal y de los autobuses, bienes que, sin embrago, tendrá que seguir costeando Urbanos Amarillos.

El gobierno también ha abierto un expediente sancionador a la empresa de tres millones por incumplimiento de contrato. La concesionaria será penalizada, entre otras cosas, por impago de nóminas, la no renovación de flota o el incumplimiento del mantenimiento de los autobuses.