Una entidad de inserción de discapacitados presenta un ERE
El expediente afecta a 40 empleados y es consecuencia de los recortes de las subvenciones
Los recortes presupuestarios se cobran la primera víctima de las entidades sociales. Se trata de la entidad Ecom, que ayuda a los discapacitados físicos a encontrar un puesto de trabajo. La entidad se financia prácticamente de subvenciones públicas y los recortes en las partidas destinadas a la creación de empleo han llevado a Ecom al ahogo económico. La entidad, formada por 130 trabajadores, ha decidido presentar un ERE que afectará a 40 empleados, a los que se suman nueve trabajadores temporales que ya han sido despedidos.
Ecom recibió el año pasado 1,4 millones de euros del Servicio Catalán de Ocupación (SOC) para realizar sus programas de inserción laboral, pero la Generalitat ha comunicado a las entidades sociales que este año no habrá convocatoria. De hecho, debía haber salido en enero. La Generalitat argumenta que el Gobierno central ha recortado 260 millones (el 60%) de las transferencias a Cataluña para realizar políticas activas de ocupación. Desde el Departamento de Empresa alertan de que este recorte afectará a todos los programas y planes de ocupación, entre ellos, los destinados a los colectivos más vulnerables, como discapacitados y colectivos con riesgo de exclusión.
Estas subvenciones permitieron a Ecom asesorar a 1.722 discapacitados el año pasado. De estos, 686 encontraron trabajo, una cifra muy inferior a los 1.031 que se emplearon en 2010.
El ERE de Ecom provocará la desaparición de los 11 equipos de personas que se dedican a la inserción de discapacitados físicos y deja en vilo el futuro de la entidad, que se ve incapaz de hacer frente a las indemnizaciones que implicará el ERE. Ecom teme tener que declararse insolvente y dar carpetazo a 40 años de trabajo social.
También alertan de su futuro las entidades que atienden a los discapacitados mentales, como Dincat. Los recortes estatales y autonómicos afectarán también a las subvenciones que reciben los Centros Especiales de Trabajo. “Se van a cargar [las Administraciones] la lucha de décadas por integrar a los discapacitados”, protesta la presidenta de Dincat, Lola de la Fuente.
Para evitar engrosar la bolsa de personas en riesgo de exclusión, la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) entregó este jueves a la Generalitat un documento en el que pedía que se desactive la reforma de la renta mínima de inserción (RMI) emprendida el pasado agosto y que “está dejando sin ningún tipo de cobertura social a numerosas personas y familias en riesgo de exclusión”, alerta ECAS, que agrupa a 85 entidades sociales.
El endurecimiento de las condiciones para acceder a esta ayuda de 423 euros ha dejado fuera, según el estudio de ECAS a enfermos crónicos, a parados que han agotado el subsidio, a inmigrantes que no pueden acreditar un mínimo de dos años de residencia y a jóvenes de entre 18 y 25 años ya emancipados. A ellos se añade el colectivo de personas con problemas de salud mental, pero que no llegan al mínimo grado de discapacidad exigido para acceder a una pensión no contributiva. La Generalitat reconoció la cancelación de 4.521 expedientes a finales de 2011.
ECAS pide a la Generalitat una reforma “urgente” del programa de la RMI para evitar situaciones de exclusión “irreversibles y más costosas de atender en el futuro”. La entidad recuerda que ya hay unas 300.000 personas en riesgo de exclusión social que no percibe ninguna ayuda pública.
