Euskadi pone en marcha el primer servicio integral contra los desahucios

La iniciativa del Gobierno abarcará la prevención, la mediación y el realojo

La titular de Justicia, Idoia Mendia (en el centro), y el de Vivienda, Iñaki Arriola (derecha). / L. RICO

Desde el minuto cero de la hipoteca, cuando uno se plantea solicitarla al banco, hasta el momento en el que todas las clavijas del sistema fallan y una familia se queda sin hogar por no poder afrontar el crédito. Ese es el recorrido que pretende cubrir la propuesta del Gobierno, con la que Euskadi se convirtió ayer en la primera comunidad autónoma con un servicio para tratar de evitar el drama de los desahucios.

El servicio, al que las asociaciones de afectados daban ayer su visto bueno, nace después de que los desahucios se hayan duplicado en los últimos cuatro años en el País Vasco y con la intención de abarcar una horquilla más amplia que las medidas del Ejecutivo central, que plantea flexibilizar créditos de hasta 200.000 euros, mientras que el vasco la extiende hasta hipotecas de 350.000 euros.

El servicio cubrirá todo el proceso. El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide asesorará en sus oficinas de las tres capitales sobre la situación concreta de alguien que vaya a pedir una hipoteca y dará pautas para que pueda controlarla de manera que no caiga en un sobreendeudamiento.

Cuando alguien fracase en el intento de renegociarla con el banco, se ofrecerá la segunda opción: una mediación de economistas bajo el paraguas de Justicia. Estos estudiarán la situación económica de la familia y harán una propuesta al banco que los deudores puedan asumir. Entre las posibilidades figuran la dación en pago o el pago de un alquiler al banco por permanecer en ella. La idea es también sacar del procedimiento judicial para desahuciar a las familias tras el fracaso de los intentos de renegociar la deuda.

Cuando lanzamiento se materialice, entrarán en juego las medidas de Vivienda. Para viviendas libres, una de las medidas más importantes será ofrecer lo antes posible un piso protegido de alquiler a las familias en riesgo de exclusión social, como avanzó EL PAÍS en abril, algo que corroborarán los informes de los servicios sociales. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola explicó que no habrá una reserva de pisos para estos casos, pero apuntó que tanto Etxebide como el nuevo servicio de intermediación para promover el alquiler de viviendas privadas permitirán responder a las necesidades. Los beneficiarios pagarán mensualmente en función de su renta. Para las personas que no estén en una situación tan límite, Vivienda incluirá en la nueva orden de Etxebide a estas personas como un colectivo con especial necesidad de vivienda, lo que añadirá a su expediente diez puntos. En el caso de los desahucios en VPO, se mantiene el plan de recompra y de condonación de la deuda, al que por su reciente creación se han acogido pocas familias por el momento.

Los bancos tienen la última palabra

Todo en el servicio contra los desahucios ya estaba ayer en marcha. Todo, salvo el “acuerdo de mínimos” con bancos y cajas en lo que al proceso de mediación se refiere. El servicio al completo es “voluntario y gratuito”, como recordó la titular de Justicia, Idoia Mendia. Voluntario para ambas partes, también los bancos.

Con las entidades de crédito queda pendiente alcanzar ese compromiso para tratar de plasmar, incluso por escrito, su intención de participar en la mediación y facilitar información para que llegue a buen puerto. El Ejecutivo las ve dispuestas.

El servicio supondrá un “auténtico salvavidas”, según Mendia, pero el Gobierno se mostró cauto ayer con las expectativas que el mismo pueda levantar y con su dimensión. No se ofrecieron cifras de su alcance, aunque se apuntó que no son generalizados los casos de desahucios en primera (y única) vivienda. A estas se dirige el servicio de forma exclusiva (es decir, no se podrá acoger a él quien sea desahuciado, por ejemplo, de una segunda residencia).

Mendia subrayó que el 95% de las personas que no pueden hacer frente a los pagos de su hipoteca consiguen renegociar directamente con el banco las condiciones. El 5% restante serían los potenciales usuarios de la mediación.

Respecto a quienes llegan a ser desahuciados, Euskadi registra el doble de ejecuciones hipotecarias que hace cuatro años, con 2.242 casos en 2011, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Aquí se engloban múltiples situaciones, de las cuales muchas, según suele explicar Vivienda y como apuntó ayer su titular, Iñaki Arriola, afectan a segundas residencias o locales.

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