Urgente

El atleta sudafricano Oscar Pistorius, condenado a cinco años de prisión por el homicidio de su novia

RECORTES ECONÓMICOS

Los rectores solo aceptan una subida mínima de las tasas

Las universidades no saben cuánto cuesta cada plaza pública en una carrera

Santiago de Compostela 2 MAY 2012 - 21:16 CET

De izquierda a derecha, el conselleiro de Educación y los rectores de A Coruña, Vigo y Santiago, ayer. / ANXO IGLESIAS

Los rectores de las tres universidades gallegas no aceptarán una subida de las tasas universitarias que no sea “mínima” y acorde con los parámetros económicos de Galicia y la Consellería de Cultura y Educación negociará con el ministerio de José Ignacio Wert para conseguirlo. Con este compromiso del conselleiro Jesús Vázquez salieron ayer de San Caetano Juan Casares Long, rector de la Universidade de Santiago, Xosé Luís Armesto, de la de A Coruña, y Salustiano Mato, cabeza de la de Vigo, tras más de una hora y media de reunión, la primera desde la entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes para la racionalización del sistema educativo, que impone a los estudiantes el pago de entre el 15% y el 25% del coste total del curso (hasta 540 euros, según estimaciones de Wert). Este incremento que los tres rectores están dispuestos a aceptar sería “muy pequeño, un ajuste” puesto que la aportación actual del alumno en Galicia ronda, según Juan Casares, “el 13% o 14%”. Ni las universidades ni la Consellería de Educación pueden precisar qué parte del coste del curso sufraga con su matrícula el estudiante, ni tampoco cuánto cuesta, según la titulación, un año de carrera, que varía en función de parámetros tan diversos como el número de créditos o las dimensiones del centro en las que se imparte, porque las necesidades de agua, calefacción o el servicio de limpieza repercuten también en las tasas. La aplicación informática con la que las universidades pretenden clarificar esta cuestión está en fase piloto y no arrojará cifras definitivas hasta finales de año.

 Las exigencias de los rectores pasan, precisa Casares Long, por una medición de “los parámetros que sirven para establecer los precios públicos reales”, es decir, que la horquilla que establece el ministerio se aplique de forma diferente según las condiciones de cada comunidad. “Si el ministerio fija un precio medio para una carrera, el mismo en toda España, sería una injusticia social intolerable”, secunda Salustiano Mato, rector de la Universidade de Vigo, que aunque se mostró muy prudente tras el anuncio de Wert del real decreto ahora condena enérgicamente sus consecuencias. “Si estuviese en manos de los rectores subir las tasas, estos rectores no iban a hacerlo, aunque nos quitasen lo equivalente a esos ingresos. En ese caso la universidad trabajaría para conseguirlos por su cuenta, pero nunca gravando a las familias, nunca”, insiste. Con todo, como el incremento en la participación del alumno es “imperativo legal”, los rectores aceptan la subida mínima, la del 15%, que también es la que prefiere la Xunta. “No estamos a favor de la subida de tasas en un momento de crisis como el actual. En tanto la consellería vaya en esa línea, podrá contar con nuestro apoyo”, adelanta Xosé Luís Armesto, rector de A Coruña. El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago aprobó la semana pasada un documento de rechazo de la norma.

El real decreto —pendiente de su validación en el Congreso— que obliga a las comunidades a modificar las tasas que aplica a los alumnos universitarios supone una novedad en las directrices que hasta ahora marcaba el ministerio. Hasta ahora, tal y como explicaron los rectores a su salida del encuentro con Vázquez— que además rehuyó dar explicaciones sobre su postura porque a la reunión solo estaban convocados los reporteros gráficos— el Estado fijaba para cada curso académico una horquilla para la subida de tasas que las comunidades debían aplicar según creyeran conveniente y bajo este criterio la consellería aprobaba un precio público. En Galicia se aplicó siempre el mínimo impuesto: en el curso 2011-2012, después de tres años congeladas, las matrículas subieron un 3,6%, el porcentaje correspondiente al margen inferior de la horquilla señalada por el ministerio. El límite superior imponía una subida del 7,6%.

Salustiano Mato: “Nosotros no gravaríamos nunca a las familias”

Pero en la nueva norma de Educación la horquilla de entre el 15% y el 15% se refiere no a una subida de tasas —aunque, obviamente, esta será su consecuencia— sino a la aportación a la que tendrá que hacer frente el alumno en la primera matrícula con respecto al gasto total del curso. “Ahora la obligación de la consellería es negociar la posible modificación de ese decreto, y cómo se interpreta y cómo calcula el valor de una carrera. Tiene que ir acorde con el nivel de vida”, pide Mato. “Es lo justo y razonable”, apoya Armesto. El Ministerio de Educación calcula que una plaza en la universidad pública cuesta entre 5.000 y 7.000 euros, aunque son cifras aproximadas. El futuro catálogo de precios públicos, aún sin redactar, fijará los costes en toda España según las carreras: que esos precios vengan desglosados por comunidades dependerá de la negociación.

 

Redacción confusa

Ni en la forma ni en el fondo ha agradado a los rectores el real decreto de medidas urgentes para la racionalización del sistema educativo. “Hay errores técnicos y mala redacción”, se quejan los responsables de las tres universidades gallegas. Además de imponer una mayor carga económica sobre las familias, la norma intensifica la dedicación docente, pero lo hace en créditos ETCS, equivalentes a 25 horas, un sistema extendido con la implantación del sistema de Bolonia para medir el esfuerzo del alumno, nunca del profesor. “Siendo muy bondadosos y positivos, es un tema técnico que se podrá subsanar en estos trámites”, explica Armesto.

El real decreto establece un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas. “Ningún rector está en desacuerdo con que exista intensificación del trabajo de los profesores. Es decir, aquellos menos productivos en investigación se dediquen más a la docencia. Pero otra cosa es eso y otra lo que se publica este decreto”, añade Mato. Los tres rectores se muestran cautos a la hora de valorar este aumento de horas lectivas debido a la redacción confusa de la norma. “Sin comentarios”, responde Casares Long, el rector compostelano.

Con la misma cautela reciben los cambios en los requisitos para acceder a una beca, que en el caso de las becas-salario (destinadas a los alumnos con menos recursos) obligará al alumno a superar el 100% de los créditos en los que se matricule. “Todavía no está por escrito”, advierte el rector coruñés, si bien tanto este como sus homólogos consideran “injusto” que los estudiantes que quieran beneficiarse de estas ayudas tengan que demostrar méritos académicos superiores al resto. “Los planteamientos académicos deben ser iguales para todos los estudiantes”, opina Armesto. “Entendemos que son opiniones, globos- sonda que no están plasmados en ninguna decisión política ni en ningún documento por escrito”, concluye.

Casares Long, Armesto y Mato también se muestran contrarios a que las exigencias se apliquen a todas las comunidades por igual. “El objetivo del decreto es aliviar el déficit, pero si la comunidad no tiene problemas en este sentido, como declara el presidente Feijóo, no debería tener que aplicarlo”, sugiere Mato.

Para poder comentar debes estar registrado en Eskup y haber iniciado sesión

Darse de alta ¿Por qué darse de alta?

Otras noticias

Lo más visto en...

» Top 50

Webs de PRISA

cerrar ventana