Los rectores solo aceptan una subida mínima de las tasas

Los rectores de las tres universidades gallegas no aceptarán una subida de las tasas universitarias que no sea “mínima” y acorde con los parámetros económicos de Galicia y la Consellería de Cultura y Educación negociará con el ministerio de José Ignacio Wert para conseguirlo. Con este compromiso del conselleiro Jesús Vázquez salieron ayer de San Caetano Juan Casares Long, rector de la Universidade de Santiago, Xosé Luís Armesto, de la de A Coruña, y Salustiano Mato, cabeza de la de Vigo, tras más de una hora y media de reunión, la primera desde la entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes para la racionalización del sistema educativo, que impone a los estudiantes el pago de entre el 15% y el 25% del coste total del curso (hasta 540 euros, según estimaciones de Wert). Este incremento que los tres rectores están dispuestos a aceptar sería “muy pequeño, un ajuste” puesto que la aportación actual del alumno en Galicia ronda, según Juan Casares, “el 13% o 14%”. Ni las universidades ni la Consellería de Educación pueden precisar qué parte del coste del curso sufraga con su matrícula el estudiante, ni tampoco cuánto cuesta, según la titulación, un año de carrera, que varía en función de parámetros tan diversos como el número de créditos o las dimensiones del centro en las que se imparte, porque las necesidades de agua, calefacción o el servicio de limpieza repercuten también en las tasas. La aplicación informática con la que las universidades pretenden clarificar esta cuestión está en fase piloto y no arrojará cifras definitivas hasta finales de año.

 Las exigencias de los rectores pasan, precisa Casares Long, por una medición de “los parámetros que sirven para establecer los precios públicos reales”, es decir, que la horquilla que establece el ministerio se aplique de forma diferente según las condiciones de cada comunidad. “Si el ministerio fija un precio medio para una carrera, el mismo en toda España, sería una injusticia social intolerable”, secunda Salustiano Mato, rector de la Universidade de Vigo, que aunque se mostró muy prudente tras el anuncio de Wert del real decreto ahora condena enérgicamente sus consecuencias. “Si estuviese en manos de los rectores subir las tasas, estos rectores no iban a hacerlo, aunque nos quitasen lo equivalente a esos ingresos. En ese caso la universidad trabajaría para conseguirlos por su cuenta, pero nunca gravando a las familias, nunca”, insiste. Con todo, como el incremento en la participación del alumno es “imperativo legal”, los rectores aceptan la subida mínima, la del 15%, que también es la que prefiere la Xunta. “No estamos a favor de la subida de tasas en un momento de crisis como el actual. En tanto la consellería vaya en esa línea, podrá contar con nuestro apoyo”, adelanta Xosé Luís Armesto, rector de A Coruña. El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago aprobó la semana pasada un documento de rechazo de la norma.

El real decreto —pendiente de su validación en el Congreso— que obliga a las comunidades a modificar las tasas que aplica a los alumnos universitarios supone una novedad en las directrices que hasta ahora marcaba el ministerio. Hasta ahora, tal y como explicaron los rectores a su salida del encuentro con Vázquez— que además rehuyó dar explicaciones sobre su postura porque a la reunión solo estaban convocados los reporteros gráficos— el Estado fijaba para cada curso académico una horquilla para la subida de tasas que las comunidades debían aplicar según creyeran conveniente y bajo este criterio la consellería aprobaba un precio público. En Galicia se aplicó siempre el mínimo impuesto: en el curso 2011-2012, después de tres años congeladas, las matrículas subieron un 3,6%, el porcentaje correspondiente al margen inferior de la horquilla señalada por el ministerio. El límite superior imponía una subida del 7,6%.

Salustiano Mato: “Nosotros no gravaríamos nunca a las familias”

Pero en la nueva norma de Educación la horquilla de entre el 15% y el 15% se refiere no a una subida de tasas —aunque, obviamente, esta será su consecuencia— sino a la aportación a la que tendrá que hacer frente el alumno en la primera matrícula con respecto al gasto total del curso. “Ahora la obligación de la consellería es negociar la posible modificación de ese decreto, y cómo se interpreta y cómo calcula el valor de una carrera. Tiene que ir acorde con el nivel de vida”, pide Mato. “Es lo justo y razonable”, apoya Armesto. El Ministerio de Educación calcula que una plaza en la universidad pública cuesta entre 5.000 y 7.000 euros, aunque son cifras aproximadas. El futuro catálogo de precios públicos, aún sin redactar, fijará los costes en toda España según las carreras: que esos precios vengan desglosados por comunidades dependerá de la negociación.