La reestructuración del IVVSA deja en el aire 2.000 viviendas protegidas

El Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), el órgano ejecutor de las políticas públicas de vivienda de la Generalitat, está en liquidación y deja en el aire cerca de 2.000 viviendas protegidas —ya sea en construcciones o en suelo para su edificación—, según fuentes de la empresa pública.

La Generalitat tramita un expediente de regulación de empleo (ERE) que se anunció en enero y se confirmó a finales de marzo. El instituto se vacía de contenido con el despido de casi el 77% de la plantilla. Es decir, de los 328 empleados del IVVSA, el expediente está previsto que afecte a unos 252.

Con esta profunda reestructuración, el instituto renuncia a las líneas de negocio vinculadas al desarrollo de suelos y promoción de viviendas, y a macroproyectos como el de Sociópolis en Valencia, un plan de cientos de pisos protegidos.

La sociedad pública, estandarte durante décadas de las políticas públicas de vivienda, deja atrás toda una serie de proyectos impulsados en época de bonanza y cuyo futuro todavía no se ha aclarado. Según datos sacados de la página web del instituto y según fuentes sindicales, existen unas 300 viviendas protegidas acabadas o en fase de final de obra y paralizadas. El número más importante pertenece al proyecto Sociópolis, en La Torre, con 184 viviendas. Igual sucede con otras dos promociones en el Grao de Gandia o en Aspe.

Las casi 200 casas del proyecto de Sociópolis están paralizadas

A estas 300 unidades se añaden otras 1.680, con expedientes actualmente en tramitación y que han quedado en el limbo debido primero a la crisis y más tarde a la reestructuración del IVVSA.

Los pisos o suelos afectados se reparten por municipios de las tres provincias. Ahí están las 195 viviendas proyectadas en Castellón (parcela 16 del Sector 27) o las 104 previstas en el llamado Macrosector de Sagunto. De esta cifra, aseguró ayer una portavoz de la Consejería de Infraestructuras, 300 están acabadas y a la venta y pendientes de finalización existen otras 300 —264 para vender y 106 para alquilar— . El resto hasta completar los 1.680 pisos no se han llegado a concretar, bien por el exceso de oferta en los municipios donde el IVVSA firmó el convenio o bien porque no hay financiación para sacarlos adelante.

La Generalitat explicó hace meses que no se podía mantener esa actividad por la situación actual del mercado inmobiliario, el exceso de oferta y la falta de crédito hipotecario.

1.680 viviendas tienen el expediente iniciado pero no todas se ejecutarán

Según la empresa pública, lo que hará es potenciar el alquiler de viviendas destinadas a familias con riesgo de exclusión social. El instituto se centrará en gestionar los cerca de 16.000 inmuebles que componen el parque público de la Generalitat, dirigido a familias con escasos recursos económicos. Fuentes sindicales afirman que el instituto cuenta con cerca de 700 viviendas sociales vacías, que no acaba de restaurar por un problema de financiación.

El destino de las promociones de viviendas y del suelo no se ha aclarado definitivamente, pero parece probable que la Generalitat venderá todo el patrimonio que no tiene que ver con el alquiler.

La Generalitat ha dado algunas pistas de cómo piensa hacerlo. Por ejemplo, en Alicante, la Consejería de Hacienda ha sacado a subasta dos solares en distintos puntos de la capital con un precio inicial de salida de algo más de 5,4 millones de euros. En estos dos solares estaba prevista la construcción de 103 VPO, según recoge el programa plurianual de vivienda protegida del Ayuntamiento de Alicante. Estas viviendas deberían haberse construido el año pasado, según se recoge en el citado programa municipal.

Los solares, de 1.000 metros cuadrados y 3.413 metros cuadrados, respectivamente, están ubicados en la zona de Benisaudet y en el barrio de Garbinet de Alicante, sectores donde el IVVSA actuó en condición de agente urbanizador.

Otros proyectos en los que también estaba involucrado el instituto, como Nou Mil·leni o Gran Manises, grandes complejos de viviendas donde se mezclaba la promoción pública con la de renta libre, se han caído también por efecto de la crisis. Con la reestructuración del Instituto Valenciano de la Vivienda, la Generalitat se queda sin el órgano que desde hace 25 años ha gestionado el parque público.