El Gobierno andaluz quiere marcar diferencias con Rajoy en 100 días

PSOE e IU apuestan por planes de empleo, pero no concretan el dinero

Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE andaluz. / GARCÍA CORDERO

El primer Gobierno de coalición de socialistas e Izquierda Unida en Andalucía quiere que desde el primer día se note que es posible una manera de gestionar sin recortar derechos como a su juicio está haciendo el Gobierno central que preside el popular Mariano Rajoy. Y para ello se ha propuesto resaltar ese contraste y marcar diferencias en los primeros 100 días de gestión, una vez que los nuevos consejeros tomen posesión.

La idea compartida por el PSOE e IU es hacer llegar cuanto antes el mensaje a todos los ciudadanos de dentro y fuera de Andalucía que hay recetas de izquierdas distintas a las que está aplicando el Partido Popular para salir de la crisis. En este mensaje insistió este lunes la secretaria de Organización socialista, Susana Díaz, quien prometió que “no se tocará” el Estado de bienestar.

El acuerdo programático alcanzado por PSOE e IU —y ratificado por sus máximos órganos de decisión— incluye hasta 250 medidas y un listado legislativo que consta de 28 leyes. Pero lo que el acuerdo sigue sin decir ni tampoco sus firmantes lo aclaran es con qué recursos cuentan para hacer lo que dicen van a hacer. Sobre todo, porque el Presupuesto andaluz de 2012 va a sufrir una amputación de al menos 2.700 millones de euros, es decir, una reducción del 8,4%.

Las prioridades de los dos partidos de izquierda, que ya tiene casi cerrado el acuerdo de reparto de cargos en el Gobierno, son cuatro. En primer lugar, figura el empleo. “Antes de la finalización del verano”, según se dice en el programa de gobierno pactado, se van a poner en marcha tres planes de empleo con el objetivo de aliviar algo la alta tasa de paro que afecta al 33,1% de la población activa, según los datos del primer trimestre del año.

Las actuaciones de empleo se harán en tres áreas: mantenimiento de superficies forestales, reforestación y explotación de montes; en la rehabilitación de viviendas; y en las intervenciones en las sedes de los colegios públicos.

Esta última iniciativa, que los socialistas denomina el Plan de Oportunidades Laborales (OLA), ya fue propuesta por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el pasado debate del estado de la comunidad. Tiene un presupuesto ya consignado de 200 millones de euros de los que ya se están ejecutando el 35%, según los datos ofrecidos por el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, a finales de enero pasado, dos meses antes de las elecciones andaluzas.

Este paquete en materia de empleo de ejecución inmediata no tiene, por ahora, concreción presupuestaria, ni tampoco se sabe cuántas personas serían las beneficiadas.

Tampoco hay equivalencias presupuestarias al plan integral de inclusión social que también “con carácter inmediato” se han comprometido a elaborar PSOE e Izquierda Unida. Consiste en contratos a tiempo parcial durante un año en programas de formación e inserción laboral.

Las otras dos prioridades que el futuro Gobierno de coalición de izquierdas ha señalado dependen no tanto de que haya o no dinero como de la voluntad política. En este sentido, abogan por promover cambios legislativos para que las administraciones públicas sean más transparentes. En este apartado se incluye “con carácter inmediato” medidas como la reforma del Reglamento del Parlamento, que debe garantizar la constitución de comisiones de investigación, y mejoras para la participación directa en la Cámara, como el llamado escaño 110 —prometido por Griñán en el último debate de la comunidad— que permitirá que las iniciativas legislativas populares sea defendidas por sus promotores.

Otro de los cometidos del Gobierno de izquierdas será recurrir ante los tribunales la vulneración del Estatuto andaluz en los Presupuestos del Estado al no prever inversiones territorializadas similares al peso de la población andaluza.

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