PSC: dilema existencial

Hubo un tiempo no demasiado lejano —apenas nueve años atrás— en que la mitad del planisferio político catalán decidió que este ya era un país normal, como Dinamarca o Luxemburgo; es decir, que aquí no había más que izquierdas y derechas, que el eje nacional catalanismo-españolismo constituía una zarandaja irrelevante y que, en consecuencia, federalistas al baño maría e independentistas del morro fortpodían gobernar juntos, y ser felices, y comer perdices. Sin embargo, la realidad, la muy puñetera, se obstinó en demostrar lo contrario, y las contradicciones de fondo entre el PSC y Esquerra Republicana (ERC) se multiplicaron a lo largo de dos legislaturas, hasta que la experiencia terminó en noviembre de 2010 con un durísimo castigo electoral para ambas siglas.

No obstante, y después de un efímero conato de rectificación —aquel pacto que facilitó la investidura de Artur Mas gracias a la abstención de los socialistas—, el PSC volvió rápidamente al cómodo esquema de los días del tripartito: el único parteaguas de la política catalana es el que separa izquierdas y derechas; CiU y PP son las derechas y, por tanto, están condenadas a entenderse, a cogobernar. Tal ha sido la profecía autorrealizada del PSC sobre nuestra vida parlamentaria a lo largo de los últimos 16 meses; una profecía a cuyo cumplimiento han contribuido el afán de protagonismo de la señora Sánchez-Camacho y también —no hay por qué negarlo— la forma excesivamente timorata y sesgada en que el Gobierno de CiU ha desplegado su “geometría variable”.

En cualquier caso, la situación evoluciona muy deprisa, y todo induce a pensar que los agravios presupuestarios y los desaires retóricos cada vez más sangrantes del Gobierno de Rajoy contra la Generalitat están llevando la tensión estructural Cataluña-España hacia un punto de no retorno. Así las cosas, y mientras Esquerra Republicana parece adaptarse al nuevo escenario en ciernes, el PSC da la impresión de permanecer anclado en sus esquemas ideológicos de la década pasada. Lo cual resulta comprensible si tenemos en cuenta que, mientras ERC ha procedido a una renovación a fondo de su vértice directivo, la política parlamentaria de los socialistas catalanes sigue dirigida por las mismas cabezas que cinco o 10 años atrás, por algunos de los arquitectos del Pacto del Tinell.

Pero, aun en horas bajas, el PSC continúa siendo el segundo partido de Cataluña y el primero de la oposición. Por eso resulta preocupante verle dibujar tantos meandros a propósito del pacto fiscal; y anunciar una y otra vez que endurecerá su política de oposición al Gobierno de Artur Mas; e insistir en una lectura puramente ideológica de la situación —las derechas, ya se sabe, son malas por naturaleza, y recortan el Estado de bienestar por puro sadismo contra los trabajadores—; y repetir que el distanciamiento CiU-PP, incluida la enmienda a la totalidad de los presupuestos, es solo “escenificación” o “comedia”.

El PSC de Pere Navarro sostiene que su norte es el “patriotismo social”. Bien, pero ¿puede separarse ese eje social del maltrato fiscal y presupuestario que Cataluña sufre desde hace lustros a manos de los Gobiernos centrales tanto del PSOE como del PP? ¿O acaso no existe tal maltrato, y Cataluña tiene la financiación que merece y necesita? Si el maltrato es real, ¿no está el PSC equivocándose y confundiéndonos de enemigo cuando carga contra la supuesta agenda neoliberal de Artur Mas, pero evita hablar del enorme drenaje de recursos que salen de Cataluña hacia Madrid y no regresan? ¿No serían precisamente sus bases socioelectorales las más beneficiadas en términos de servicios y prestaciones si ese expolio cesara o se redujese? Hay razones para sospechar que, enfatizando el antagonismo derecha-izquierda, el PSC trata de camuflar la colisión de intereses Cataluña-España y pretende ahorrarse, de este modo, las graves tensiones y contradicciones internas que plantear la situación en términos nacionales le ocasionaría.

El PSC se halla, como nunca antes, ante un dilema existencial. Y no será la posible victoria de François Hollande dentro de 10 días la que se lo resuelva.