El 'número dos' de Novagalicia acude a una protesta contra las preferentes

Los manifestantes cierran temporalmente más de 20 oficinas en Pontevedra

/ Santiago de Compostela / Vilagarcía de Arousa 26 ABR 2012 - 21:23 CET

Un grupo de manifestantes protesta ayer ante una sucursal de Novagalicia Banco en la Illa de Arousa / CARLOS PUGA

La protesta de los miles de ahorradores que no pueden recuperar el dinero que invirtieron en participaciones preferentes sigue extendiéndose por Galicia, especialmente en la provincia de Pontevedra. Ayer grupos de manifestantes realizaron cierres temporales de oficinas de Novagalicia Banco en diversas localidades para reclamar una solución para sus ahorros. En algunos lugares, especialmente en la comarca de Arousa, los manifestantes mostraron sentido del humor al acompañar la protesta con disfraces.

Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió en Moaña donde el consejero delegado de Novagalicia Banco, César González-Bueno, se presentó en la sucursal que los manifestantes estaban cerrando. Uno de ellos señaló a EL PAÍS que el número dos de NGB les dijo que él también venía a manifestarse. Posteriormente, explicó que la entidad sigue trabajando en una solución al problema pero también les comunicó que de momento no hay una alternativa a la vista. Insistió en señalar que la entidad es la primera interesada en solucionar el asunto y está dispuesta a dialogar con todo el mundo que sea necesario para conseguirlo.

El epicentro de las movilizaciones volvió a ser la comarca del Morrazo, donde ya se vienen registrando cierres temporales de sucursales durante toda la semana, pero las manifestaciones ante las oficinas y los intentos de cierre de las mismas también se registraron en localidades pontevedresas como O Porriño, Ponteareas, Salvaterra do Miño y la Illa de Arousa, entre otras.En Vigo la protesta afectó a las oficinas centrales de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia. Un portavoz de los afectados en Moaña explicó que las movilizaciones van a continuar en las próximas semanas si sigue sin llegar una solución al conflicto.En otras partes de Galicia como A Coruña, Ferrol y Ourense también se están creando plataformas de afectados para hacer visible su protesta.

González-Bueno insistió en que por el momento no hay solución a la vista

Simbolizando que son víctimas de productos tóxicos bancarios, 60 vecinos de A Illa de Arousa, vestidos con trajes blancos como los que utilizaron los voluntarios para retirar el chapapote que dejó el Prestige, se concentraron ayer por la tarde ante la sucursal de Novagalicia Banco obligando a su cierre. Portando pancartas con frases como “Non faltan cartos, sobran ladróns”, “No pararemos hasta que nos devuelvan el dinero” o “Novagalicia Banco, descanse en paz”, los manifestantes lanzaron petardos y huevos contra las cristaleras de la entidad bancaria donde permanecían encerrados los empleados y el director con un encargado de seguridad.

“Somos la mayoría marineros y mileuristas que confiamos nuestros ahorros a un banco y no sabemos todavía cómo ni cuándo los vamos a recuperar”, explicó Manuel, de 25 años, el más joven del grupo, que abrió un depósito en 2003. Otro de los afectados ingresó la indemnización por despido después de 24 años trabajando en una empresa. El entonces director de la sucursal isleña, ya prejubilado, también gestionó los ahorros de un grupo de jubilados y emigrantes que integran la plataforma de afectados en esta localidad.

Previamente, en la sucursal de Dena (Meaño), se produjo otra de las movilizaciones convocadas ayer por los afectados por las acciones preferentes en los ayuntamientos de O Salnés, una zona en la que se estima que el número de víctimas del corralito gallego alcanza los 2.500. Agentes de la Guardia Civil impidieron el cierre de la sucursal después de que una mujer, emigrante en Suiza, amenazara de víspera al director con “hacer una muy gorda”.

Una representación de la plataforma se reunió con el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, y el miércoles lo hicieron con el jefe provincial del banco en Pontevedra. “Todo fueron buenas palabras pero ya nos dijeron la última vez que en marzo quedaría todo solucionado y ahora culpan a Bruselas de la situación”, explicó uno de sus portavoces.

 

Expulsados por el banco

María Fernández

Cuando la burbuja inmobiliaria apenas podía contenerse, en 2007, Suso Fernández y Clara Fervenza pidieron una hipoteca de 153.000 euros al Banco Popular para comprar una casa en el alto de San Cosme, una zona rural a las afueras de Vigo. Pagaron otros 60.000 euros de sus ahorros para los trámites y parte de la entrada.

Él, autónomo que pronto se quedaría en paro, tenía un negocio de barnices y quería cambiar el alquiler de la nave donde trabajaba, de 900 euros, por un bajo en su propia vivienda. Ella, ayudante de cocina, cobraba (y cobra) 528 euros en un restaurante. Tres años después, con dos hijas estudiando, no fueron capaces de afrontar la cuota de la hipoteca, de 870 euros. Llegó entonces la denuncia en el juzgado y la subasta.

La vivienda, que había sido tasada en 186.000 vale ahora 62.000, casi el mismo dinero que ha pagado el Popular por adquirirla. A Suso y Clara les reclaman 104.000 por el impago. Ellos piden a la entidad un alquiler social por el 30% de lo que cobra Clara. El 4 de mayo los desahuciarán.

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