Técnicos de Torrevieja ratifican al juez que se opusieron al vertedero
El magistrado ha imputado al edil de Urbanismo y la secretaria municipal La planta estuvo activa siete años pese a carecer de permisos
Una arquitecta municipal y dos arquitectos técnicos prestaron ayer declaración como testigos en el juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja por el supuesto funcionamiento ilegal de una planta de transferencia de residuos en la localidad que desde 2005 recibe la basura para su posterior traslado al vertedero que el empresario Ángel Fenoll tiene entre la pedanía oriolana de La Murada y la localidad murciana de Abanilla. Los tres técnicos municipales orientaron su declaración en un mismo sentido. Todos se ratificaron en los informes negativos que emitieron hace años y aseguraron desconocer cualquier otra particularidad o detalle del caso.
La investigación judicial comenzó a raíz de una denuncia del Grupo Municipal del PSPV ante la fiscalía. El ministerio fiscal apreció indicios de un supuesto delito de prevaricación y trasladó los hechos al juzgado. El magistrado ya ha imputado al concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, del PP, y a la secretaria de la Corporación. Ambos han sido citados para el próximo día 2 de mayo.
La arquitecta María Gómez Tafalla, que fue apartada del expediente cuando pasó del departamento de Actividades al de Urbanismo, emitió dos informes negativos en septiembre de 2008 y febrero de 2009, desaconsejando el otorgamiento de la licencia de actividad a la planta, que no disponía del preceptivo estudio de impacto ambiental (EIA). Esta funcionaria también confirmó que una estación de transferencia tiene la consideración de depósito temporal de residuos, lo que sujetaba la autorización definitiva a las licencias de obras y actividad, que nunca obtuvo.
La investigación judicial comenzó a raíz de una denuncia del Grupo Municipal Socialista
El arquitecto técnico Juan Miguel Pérez se ratificó en su informe de julio de 2005, en el que no solo reconoció que la planta necesitaba un EIA, sino que hacía falta por su ubicación en suelo no urbanizable una declaración de interés comunitario que luego la consejería no estimó necesario.
Otro arquitecto técnico, Daniel Cases, validó un informe firmado por él en febrero de 2010 que luego sirvió para que, seis meses después, el jefe de Urbanismo de Torrevieja redactara otro desestimando la petición de la licencia de obras y actividad solicitadas por Necso-La Generala para la planta.
El Ayuntamiento de Torrevieja ha intentado restañar las supuestas irregularidades cometidas durante casi siete años, el tiempo que la planta de basura ha estado funcionando sin licencia. El pasado mes de febrero ordenó su cierre. Y ayer publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el sometimiento a información pública durante 30 días del estudio de impacto ambiental de la planta de transferencia de basuras.
