Los ERE y la estabilidad del pacto PSOE-IU

El ingreso en prisión del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos es un contratiempo previsto en el nuevo escenario político que se ha abierto en Andalucía tras las elecciones del 25 de marzo, que han dado paso a un gobierno de coalición entre el PSOE e IU. La gestión política de un escándalo que se fraguó en la Consejería de Empleo a lo largo de una década será una de las piedras de toque del futuro Ejecutivo autónomo. Este siempre podrá alegar que se trata de una herencia envenenada (algo que ya hace el equipo más próximo a Griñán), pero lo cierto es que va a enturbiar el arranque de una complicada legislatura en la que Andalucía está en el punto de mira del Gobierno de Mariano Rajoy por el cumplimiento del objetivo de déficit y la salud de su situación financiera.

Los tiempos y la estrategia judicial que ha marcado la juez Mercedes Alaya apuntan a que en las próximas semanas el caso irá cercando más a José Antonio Viera, que era el consejero de Empleo cuando se puso en marcha el fondo de los ERE, una partida que permitió que durante casi 10 años se repartiera dinero público con una discrecionalidad impropia en una Administración. La previsible imputación de Viera elevaría la causa, al menos parcialmente, al Tribunal Supremo, ya que el exlíder de los socialistas sevillanos es diputado en el Congreso.

El caso de los ERE tiene dos partes muy claras. Por un lado, está la corrupción pura y dura: los intrusos que cobraron dinero público al ser incluidos en ERE de empresas en las que nunca trabajaron, las ayudas directas y sin control a determinadas sociedades (en algunos casos vinculadas a antiguos cargos municipales del PSOE) o las exageradas comisiones cobradas por la intermediación en los expedientes de regulación de empleo. Esta parte salpica a antiguos cargos de la Junta, a empresas aseguradoras, a sindicatos o a bufetes de abogados.

Luego está la parte troncal del caso, que puede comprometer al futuro Ejecutivo ya que la juez está apuntando a todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la última década. Alaya cree que tanto el fondo como el procedimiento con el que se dieron las ayudas son ilegales, algo que impugna el Gobierno de Griñán. Considerar ilegal entera una partida que a lo largo de los años ha estado dotada con casi 700 millones de euros generaría graves problemas de seguridad jurídica. Con el fondo de los ERE se han pagado, por ejemplo, las prejubilaciónes de Delphi cuando la multinacional decidió dar el cerrojazo.

Es urgente aclarar cuanto antes si el fondo es legal (el Gobierno andaluz siempre subraya que se trata de una partida que estaba incluida en el Presupuesto autonómico y que se debatía en el Parlamento) y si el procedimiento, pese a las objeciones de la Intervención de la Junta de Andalucía, estaba dentro de la ley. La estabilidad del futuro Gobierno PSOE-IU depende de forma sustantiva del esclarecimiento de esta parte del caso de los ERE.