Los policías corruptos invirtieron en negocios inmobiliarios con un narco

El fiscal acorrala a los guardias civiles por su colaboración con una banda de delincuentes

Primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Barcelona contra la banda del puerto. / CARLES RIBAS

¿Dónde termina el confidente policial y dónde empieza el camarada, el amigo, el socio? El juicio a la banda del puerto, que en 2005 robó 400 kilos de cocaína de un contenedor en Barcelona, ha puesto de relieve lo frágil de esa frontera y cuán fácil resulta, a veces, saltarla. Un sargento, un cabo y dos agentes de la Guardia Civil admitieron ayer que compartieron negocios con una organización de traficantes y que actuaban, supuestamente, como informadores de la policía.

Uno de esos guardias, el sargento Roberto de Prádena —para el que la fiscalía pide 13 años de cárcel por asociación ilícita y dos delitos contra la salud pública—, admitió que invirtió en un proyecto inmobiliario propuesto por Javier Segura, el líder de la banda. El negocio consistía en invertir el 10% del coste de construcción de una vivienda en Lugo para ganar dinero con su venta.

El trato aparece en una de las conversaciones telefónicas que exhibió en la sesión de ayer el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo. El sargento pregunta si El Tete —alias de Antonio Sáenz, presunto líder de los guardias procesados— “también se va a meter en el 10%”. De Prádena juzgó legítima la inversión y dijo que había “mucha gente” que había puesto dinero en esa promoción de pisos.

 En la misma promoción impulsada por Segura y un constructor gallego participaron los otros guardias que declararon ayer, que no apreciaron nada “ilegal” en esa transacción. De hecho, De Prádena y sus hombres justificaron las reuniones mantenidas con los narcos en un bar de la Verneda, donde tomaban juntos cervezas, por su condición de confidentes. “Nos tomábamos algo y alguna vez salíamos por la noche. Alguien no se vuelve colaborador porque sí”, justificó el sargento.

Las risas y el compadreo afloran en los diálogos entre Segura y De Prádena. En una de esas charlas, en noviembre de 2005 —11 meses después del robo en el puerto—, el delincuente le habla de “un bombazo que quieren hacer por ahí”. El sargento le pregunta: “Pero ¿tú pillas?”, y le advierte de que “está todo vendimiado”. Todo ello es, según el fiscal, una alusión a un trapicheo con drogas y una advertencia de que la policía le estaba vigilando. El sargento negó la acusación.

Dos guardias fueron

detenidos el año

pasado por informar

a unos ladrones

Insistiendo en ese estrecho vínculo, Bermejo citó una llamada hecha por Segura desde la cárcel tras la operación que destapó el entramado corrupto. “No sabía que en la cárcel no se podía tener móvil”, justificó De Prádena, pese a haber sido desde 1995 y durante siete años jefe del equipo de policía judicial de Mollet del Vallès.

Los cuatro guardias civiles que declararon ayer admitieron haber constituido una sociedad, Monty Python, para gestionar una discoteca (Salmerón) de unos 100 metros cuadrados y dos plantas en un polígono industrial de Mollet. La fiscalía mantiene que el negocio sirvió como tapadera para blanquear el dinero procedente de la actividad ilícita. Los agentes, sin embargo, defendieron que se trató de una “pequeña inversión” y restaron importancia al proyecto. “Era un bar musical”, dijo De Prádena, que admitió que allí entró a trabajar la mujer de El Tete, el cual lideró, supuestamente, el grupo de policías corruptos que participó en el gran golpe, el asalto al puerto.

La fiscalía acusa a los guardias de haber participado en dos operaciones de narcotráfico. Una, en 2002, en una supuesta detención en Palau de Plegamans que sirvió para estafar 100 kilos de hachís a un traficante. El segundo caso consistió en la entrega de dos fardos, con 60 kilos de polen de hachís, que permanecían en las celdas del cuartel de Mollet. Un delincuente arrepentido, Juan Pedro Lozano, implicó el primer día de juicio a los agentes y dijo que De Prádena introdujo la droga en un Seat Toledo y se la entregó para que la remitiera a Segura.

Los agentes constituyeron

una sociedad y regentaron

una discoteca en Mollet

A cambio de la droga, los guardias recibieron coches, supuestamente. El sargento y el resto de los guardias procesados que estuvieron a sus órdenes —Miguel de la Higuera, Jesús Martín y Cristóbal Roman— negaron el tráfico de drogas y aseguraron que compraron los vehículos de forma legal. El fiscal juzgó ayer sospechoso que, en una llamada a Segura en 2005, De la Higuera le insistiera sobre ello: “Tu coche te lo compré a ti y te lo pagué, tú sabes que te lo pagué”.

Ese mismo guardia fue incapaz de explicar, sin embargo, por qué figuran ingresos por 144.000 euros en una cuenta a su nombre. “Nunca he manejado tanto dinero”, dijo. En esa misma línea —justificar la inocencia por un modesto patrimonio— se expresó el sargento: “Tengo una hipoteca y el mismo Seat Toledo”.

El macrojuicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona ha puesto de relieve una nueva circunstancia sobre dos de los guardias civiles procesados, que siguen en activo. Según fuentes judiciales, Jesús Martín y Cristóbal Roman fueron detenidos el pasado diciembre junto con otros compañeros por connivencia con la denominada banda de los peruanos, dedicada a asaltar y robar a conductores en las autopistas. Están imputados por facilitar información a los ladrones.

De Prádena se mostró orgulloso de su amistad con El Tete (“una gran persona”, dijo) y lo cierto es que el buen rollo impera entre la mayoría de 23 procesados. Ayer mismo, al final de la sesión, el supuesto jefe de los uniformados (El Tete) y el líder de los delincuentes comunes (Segura) se marcharon por los pasillos cogidos del hombro.

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