Justicia controlará la jornada laboral de sus 7.000 funcionarios

La libertad de movimientos con la que hasta ahora contaban los 7.000 funcionarios de la Comunidad de Madrid dependientes de la Consejería de Justicia y Presidencia tiene los días contados. El Gobierno regional de Esperanza Aguirre implantará “en el plazo más inmediato posible” un sistema informático mediante el cual conocerá la rutina diaria de los empleados públicos de los 528 órganos judiciales bajo su jurisdicción.

Los trabajadores ficharán tecleando un código en el ordenador mediante un modelo conocido como FIVA (Fichaje y Vacaciones) que se ha ensayado durante marzo con los 200 empleados de la Sala de los Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El ensayo se aplicó a 200 empleados. “Nuestra obligación como Administración es verificar que se cumplen las jornadas laborales, es algo obvio. Mediante el control del tiempo de asistencia podremos saber, por ejemplo, las cargas de trabajo que afrontan los distintos juzgados”, explica la consejera, Regina Plañiol, que rechaza que la medida sea consecuencia de la sospecha de que los trabajadores no cumplen sus horarios.

“Creo en la responsabilidad de los empleados públicos, en absoluto es un sistema pensado para atajar la picaresca. No es un sistema basado en la desconfianza, es un análisis objetivo para lograr una mejor organización y planificación de los trabajadores con los que contamos”, zanja.

La aplicación, que también permitirá solicitar los días de vacaciones y días de asuntos propios sin intermediarios, contará con la supervisión del secretario judicial en primera instancia y por la unidad administrativa correspondiente en segundo término. “Nos permitirá comprobar cuáles son los juzgados donde el personal está superando la jornada laboral de 37,5 horas y por tanto requiere un refuerzo o prolongación de jornada”, prosigue Plañiol, que hoy tiene prevista una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Gobierno central transfirió en 2003 a Madrid algunas competencias en materia de Justicia, pero no todas. Por ejemplo, los jueces, magistrados y secretarios judiciales siguen dependiendo del Ministerio del que se ocupa el exalcalde de la capital y antecesor de Aguirre en la Puerta del Sol.

“La inversión realizada en este campo por el Gobierno regional se ha incrementado de los 75 millones de euros iniciales hasta los 350 millones actuales que se destinan cada año a la Justicia madrileña. Sin embargo, este esfuerzo no se corresponde con la percepción de los ciudadanos. La Justicia funciona lentamente, pese a los recursos que se destinan. De ahí que apliquemos el FIVA”, argumentan en el Ejecutivo de Aguirre. El promedio de trabajadores con los que cuenta cada juez es de 9,1, el más alto de España. “Pese a unos ratios tan altos, la sensación es que el personal no se distribuye de la mejor manera. De ahí que busquemos remedios, y para eso necesitamos conocer cómo son las jornadas de los empleados. Lo que no queremos es que trabajen más allá de las 37,5 horas semanales. Al contrario”, entienden en la Consejería.

En principio, los sindicatos no se muestran reacios a la iniciativa. “¿Cómo vamos a denunciar un sistema de control horario por parte de la Administración? No va en contra de los derechos laborales”, opina Javier Díez Toral, de Comisiones Obreras. Curtida en la empresa privada como responsable de recursos humanos, Plañiol dio muestras de su talante negociador al alcanzar un acuerdo con los sindicatos para establecer unos servicios mínimos en la huelga general del mes pasado. Madrid fue la única Autonomía donde se fijaron.