Una edil de Pilar de la Horadada tiene antenas ilegales en Orihuela
La mercantil Torresatélite, de Pilar Mereño, ya fue sancionada por abrir seis kilómetros de zanja en la costa sin permiso
El concejal de Urbanismo de Orihuela, Antonio Zapata, del PSPV, ha desvelado que los funcionarios de la Unidad de Actividades del Ayuntamiento han descubierto cinco antenas ilegales en Orihuela Costa que pertenecen a la empesa Torresatélite, una mercantil dedicada a las telecomunicaciones que abrió una zanja de seis kilómetros en el litoral oriolano sin autorización, propiedad de la concejal y primera teniente de alcalde del municipio vecino de Pilar de la Horadada, Josefa Meroño. Esta edil abandonó el PSPV durante el mandato 2003-2007 para firmar como tránsfuga una moción de censura con el PP que echó del poder a los socialistas, aunque ahora pertenece a una formación independiente que gobierna con los populares.
Zapata relacionó las antenas con la apertura de la kilométrica zanja y aseguró que "lo grave es que quien ejercita estas actividades ilegales es un cargo público". El edil ha advertido de que si la propietaria no procede a la retirada inmediata de las antenas, el Gobierno local, formado por un tripartito que incluye a Los Verdes y el CLR, tomará otro tipo de medidas para restituir la legalidad.
Según el edil, los postes de repetición están ubicados sobre edificios o parcelas que son propiedad de personas físicas distintas a los propietarios de la empresa que las ha instalado y que, además de carecer de licencia de actividad o ambiental, tampoco han acreditado el permiso de los propietarios del suelo donde se asientan. “Alguien ha pensado que Orihuela es un territorio virgen donde se puede instalar elementos para obtener beneficios sin que eso repercuta en el municipio”, comentó antes de recordar que la ordenanza municipal para regular estas instalaciones está en periodo de resolución de alegaciones.
La firma de Meroño estuvo varios años abriendo una zanja en la costa oriolana sin que nadie advirtiera hasta hace pocos meses de la ilegalidad de una obra cuyo coste estimó el PSPV en casi un millón de euros. Zapata avanzó que iban a exigirle a Torresatélite los 60.000 euros que debió haber abonado por los permisos más la sanción urbanística y que restaurara a su estado original la obra hecha en las calles.
