Negociar o perseguir el delito

Leo en una cabecera que Bravo, el que fuera responsable de la oficina de Irún de la Hacienda Foral de Gipuzkoa busca un acuerdo, una solución negociada, para el procedimiento penal en el que el Ministerio público ha solicitado una pena de más de veinte años de cárcel. De este procedimiento debe resultar además la responsabilidad civil, es decir, la cantidad que Bravo, (no el del fraude a la Hacienda Pública del caso Glass Costa, sino su hermano), debe reintegrar a la Hacienda Pública, en otras palabras la cantidad que el otro Bravo debe a los guipuzcoanos.

Entiendo que de la propuesta hecha al Fiscal se dará traslado a las demás partes: las acusaciones particulares, la Diputación y las Juntas Generales, que han de mostrar su conformidad a las proposiciones de condena y de restitución de la defensa.

¿Han de acordar las instituciones? En este caso, ¿vale más un mal arreglo que un buen pleito? Para responder a estas preguntas, como en todas las decisiones políticas, hay que plantearse, primero, otras cuestiones de carácter categoría general.

¿Deben resolverse cuestiones como estas en la oscuridad de despachos de abogados o por el contrario la cuestión debe ventilarse con transparencia, con luz y taquígrafos?

¿Deben las instituciones públicas que representan a la sociedad en su conjunto negociar con delincuentes o coquetear con el delito, o bien perseguir el fraude, el delito y la corrupción hasta sus últimas consecuencias, sean éstas cuales sean?

¿Deben mantener la coherencia y aplicar al caso Bravo los mismos criterios que a la amnistía fiscal de Montoro o, por el contrario, aplicar directamente la ley del embudo, lo ancho para mí, lo demás para el mundo?

Cada uno resolverá la cuestión de la negociación con Bravo en función de cómo resuelva las cuestiones anteriores. Yo soy un batzarkide de a pie y tengo mi criterio propio, por supuesto, pero mucho más importante me parece el de Martín Garitano o el de Helena Franco.

A los dos he oído decir que el mayor activo de la Hacienda Foral es su credibilidad, que mucho mayor será el montante económico que ingresará si es ejemplar y ejemplarizante, si acredita que con el dinero de los guipuzcoanos ni se juega ni se malversa y que las consecuencias de esto, de jugar o malversar, llevarán aparejadas sus últimas consecuencias, sean éstas, las que los tribunales digan que sean.

A los dos he oído que la defensa de lo público no puede hacerse desde el pasteleo, la trapisonda y el coqueteo con lo que perjudica a la hacienda, con minúscula, de los ciudadanos de nuestro territorio.

Ambos han manifestado su apuesta política e incluso personal por la lucha contra el fraude; en breve será presentado un plan de lucha contra esta lacra que perjudica a todos, pero, sobre todo, a los desfavorecidos.

Enrique Martínez Flórez es procurador de las Juntas Generales de Gipuzkoa por Bildu.