La izquierda pide a Artur Mas que recurra la reforma laboral ante el Constitucional

Los tres grupos de la izquierda parlamentaria (PSC, ICV y ERC), además de SI, han registrado este viernes por la mañana una petición en el Parlament para que se vote la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. El plazo para acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) finaliza el próximo 17 de mayo. Hasta entonces se celebrarán dos plenos y será en uno de ellos donde se debata la propuesta registrada.

La petición de recurso se produce después del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que solicitaron esos cuatro grupos, en el que se concluye por unanimidad que el decreto de reforma laboral invade competencias de la Generalitat y supone una merma de derechos laborales, porque vulnera derechos constitucionales como la negociación colectiva y la tutela judicial efectiva. CiU también reclamó el dictamen, pero solo sobre el ámbito de las competencias, pues la reforma prácticamente hace desaparecer a la Generalitat como autoridad laboral.

Para interponer un recurso basta la mayoría simple de la Cámara, por lo que podría ocurrir que, cuando se debata la petición registrada este viernes, CiU aceptara recurrir, pero solo la parte de las competencias de la Generalitat. Otra cosa sería contradictoria, pues los diputados nacionalistas han apoyado la reforma en el Congreso y CiU la ha aplaudido con entusiasmo. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, admitió hace unos días que no descartaba el recurso por vulneración de competencias, pero que prefería esperar a la tramitación parlamentaria de la ley de la reforma laboral.

Sin embargo, los grupos de la izquierda han explicado este viernes que una cosa no quita la otra y que confían en que CiU sea coherente en la defensa de las competencias de la Generalitat y, como mínimo, vote a favor de recurrir esos artículos. El decreto de la reforma laboral está vigente desde el 17 de febrero. Otra cosa será la ley que finalmente se apruebe en el Congreso, que a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado puede recurrirse ante el Tribunal Constitucional en el plazo de tres meses.