Alicante se escuda en la crisis para aceptar basura de otros municipios
El argumento desata la indignación de Ecologistas en Acción y de los vecinos
El Ayuntamiento de Alicante quiere reabrir su vertedero de Fontcalent a basuras de fuera del municipio. Un año y medio después de que la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, anunciara en un pleno de la Corporación el cierre de estas instalaciones a los residuos que hasta aquel momento llegaban de Castellón y Valencia ante la fuerte oposición política y vecinal que esta llegada estaba provocando, la regidora cambia de opinión. El Ayuntamiento se escuda en la crisis económica y en la necesidad de obtener ingresos sin que los ciudadanos paguen más por los servicios. El argumento desató la indignación de Ecologistas en Acción y de los vecinos de las partidas rurales, que recordaron a Castedo que la planta se concibió y recibió fondos europeos para reciclar residuos y no para enterrarlos masivamente, como ocurre en la actualidad. También lamentaron que se la considere como una fuente de ingresos.
La alcaldesa de Alicante fue preguntada ayer por esta intención tras reunirse con el consejero de Economía, Máximo Buch. Castedo admitió que hay “muchas opciones” de que la nueva contrata de basura reciba residuos de otros municipios. El contrato actual, en manos de Inusa, concluye este año y debe volver a salir a concurso. Y fue mucho más clara al explicar el motivo de la decisión: “Es una forma de obtener ingresos económicos y que en ningún momento repercuta negativamente en otro aspecto de la ciudad”, esgrimió.
Pese al cambio de punto de vista, Castedo negó que se trate de una rectificación. Defendió que en aquel momento (a finales de junio de 2010) se decidió cerrar la planta de Fontcalent a basuras de fuera del municipio tras una propuesta de la oposición socialista pero que, ahora, y en plena situación de crisis, “se mira y se vela” por los intereses de la ciudad, “sobre todo los económicos”.
"La planta no se concibe como fuente de ingresos", critica Arribas
Y añadió que el Ayuntamiento pretende “obtener” unos precios que permitan el funcionamiento “a la perfección” de la limpieza y del servicio de recogida de residuos sin que por ello “nadie tenga que hacer frente a un aumento en las tasas”. “Si ese incremento se obtiene por recibir basuras, pues que así se haga”, enfatizó.
La decisión ha sentado muy mal entre los vecinos de la zona y los ecologistas. “Es una vuelta atrás y a las andadas: exceso de basura y de olores y un perjuicio para los vecinos”, lamentó Vicente Aracil, responsable de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de las Partidas Rurales. Aracil recordó que la planta se construyó solo para atender los residuos del municipio de Alicante y más concretamente para reciclar una parte importante de estos residuos, no para que se enterraran, como ocurre en la actualidad. El coordinador vecinal incidió en que el Ayuntamiento de Alicante incumple así la ley ambiental que le obliga a reciclar y agregó que también incumple su propio acuerdo plenario.
“Estamos totalmente en contra. Una planta de tratamiento de residuos no se concibe para ser una fuente de ingresos”, denunció Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià en Alicante. Arribas aseguró que el colectivo luchará contra la decisión y recordó que la planta recibió fondos de la Unión Europea para tratar correctamente los residuos, no para enterrarlos. Arribas recordó, además, que el vertedero está en proceso de ampliación.
La Consejería de Territorio emitió recientemente un informe favorable a la Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación del vertedero. La intención del Ayuntamiento es construir una quinta celda, la de mayores dimensiones, con capacidad para 1,8 millones de toneladas de basura (las actuales tienen capacidad para enterrar 3,1 millones). El vertedero se inauguró hace siete años con una vida útil prevista de 21 años pero se proyecta ya su ampliación.
El Grupo Municipal Socialista aseguró que con la medida se pretenden ingresar 10 millones y recordó que en seis años las entradas de basura de otros puntos supusieron 47 millones para el contratista, Enrique Ortiz. EU también expresó su oposición a la intención del Ayuntamiento de Alicante.
