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Euskadi plantea en Madrid destinar un impuesto al pago de la dependencia

La consejera de Asuntos Sociales pide alternativas para evitar recortes

Uno de los primeros recortes anunciados por el Gobierno central nada más llegar al poder fue uno social, la moratoria de la Ley de Dependencia con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dejado de costear las ayudas a los nuevos dependientes moderados entre advertencias de insostenibilidad de la norma y críticas a sus impulsores, los socialistas.

Gemma Zabaleta.
Gemma Zabaleta.

Ante los problemas de financiación de esta ley y de los servicios sociales, a los cuales se está respondiendo con recortes precisamente cuando más acuciantes son las necesidades de la ciudadanía, la consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, trasladó ayer en la reunión celebrada en Madrid entre el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y los responsables autonómicos del ramo la necesidad de "abrir el debate sobre nuevas fórmulas de financiación finalista para la dependencia y los servicios sociales, como existen en otros países europeos" para evitar recortes.

La propuesta puesta sobre la mesa del consejo territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, es a fin de cuentas la petición de que se reserve la recaudación de un impuesto concreto —que ya esté en vigor— para sufragar los gastos sociales. La titular de Asuntos Sociales plantea una fórmula similar, que ya está implantada en países como el Reino Unido. En este país, se destina toda la recaudación del impuesto de sucesiones al pago de la dependencia, mientras que en Francia y en Alemania se han creado impuestos específicos para soportar estos gastos.

Esta última posibilidad ya fue planteada en 2010 por el entonces diputado general alavés, Xabier Agirre, que abogó por que los ciudadanos coticen a un fondo que pagaría las ayudas a los dependientes.

Zabaleta rechaza “cualquier afán recentralizador” de competencias
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Desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales explicaron que la propuesta de Zabaleta es una vía a debatir pero negaron que se hayan dado pasos en este sentido con las diputaciones forales, competentes en materia tributaria. La necesidad de adaptar los impuestos es un argumento recurrente en los discursos de la consejera y también del lehendakari, Patxi López, que en numerosas ocasiones ha puesto negro sobre blanco una contradicción: que Euskadi no puede tener servicios propios de los países nórdicos con una presión fiscal muy inferior a la de estos.

Zabaleta no es la primera consejera vasca que plantea nuevas fórmulas para financiar los pilares del Estado del Bienestar. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, impulsó la propuesta de implantar el coloquialmente conocido como céntimo sanitario en Euskadi, como ya ocurre en otras comunidades autónomas, con el fin de que parte de la recaudación de los carburantes estuviese destinada a financiar los servicios sanitarios.

Sin embargo, finalmente se descartó la idea, entre otras razones porque este impuesto está recurrido en Europa y a la espera de lo que dictamine el Tribunal de Luxemburgo al respecto.

En un comunicado centrado en censurar los recortes sociales que está ejecutando el Gobierno central, Zabaleta respaldó la decisión de las tres diputaciones forales vascas —en manos de Bildu, PNV y PP—, que a principios de año se plantaron públicamente ante la decisión del Gobierno central de aplicar una moratoria a la Ley de Dependencia y dejar así de incorporar dependientes de grado moderado al sistema de ayudas.

En consecuencia, los tres entes forales están asumiendo ya la totalidad de los pagos de las ayudas a los nuevos dependientes moderados, mientras que hasta ahora compartían estos costes con el Gobierno central. La consejera reseñó que comparte y apoya “plenamente” esta decisión, que, por otra parte, no tendrá ningún coste adicional para su departamento.

Zabaleta se mostró especialmente molesta con el documento planteado por el ministerio en el que se recoge la necesidad de un pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia. Si bien compartió la necesidad de evaluar la Ley de Dependencia, la consejera Zabaleta rechazó que se apunte al diseño inicial de la normativa como la fuente de los problemas y afeó que “la crisis se convierta en excusa para recortar derechos sociales”. Los recortes, dijo, “solo generan paro pobreza y más recesión”.

En referencia a las voces que abogan por devolver competencias autonómicas al Gobierno central, como ha planteado la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, Zabaleta rechazó “cualquier afán recentralizador”.

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