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El Síndic de Greuges comprueba la situación de los CIE

El informe que remitirán “en unos días” al Defensor del Pueblo contendrá las impresiones del colectivo y las quejas que han presentado varias ONG

Emilia Caballero, en el centro, ayer, a la entrada del CIE de Zapadores en Valencia.
Emilia Caballero, en el centro, ayer, a la entrada del CIE de Zapadores en Valencia.TANIA CASTRO

Emilia Caballero, adjunta primera el Síndic de Greuges, visitó ayer el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, para comprobar el estado de un lugar que “puede causar problemas de derechos humanos”. Caballero, que acudió acompañada por Conrado Moya, asesor del área de Servicios Sociales de la institución, constató la situación de unos espacios en los que “hay muy poca publicidad de lo que pasa dentro” para elaborar un informe dirigido al Defensor del Pueblo.

La cita, que pretendía “comprobar los servicios sanitarios, las instalaciones, los asistentes sociales y hablar con los afectados”, se quedó en un registro de dos horas sin posibilidad de interactuar con los internos: “Los agentes que trabajan aquí hacen lo que pueden, pero ni tienen medios ni están preparados”, valoró Caballero. “Hay problemas estructurales importantes”, añadió, “en un régimen excepcional que no tiene supervisión judicial”.

"Las condiciones

El informe que remitirán “en unos días” al Defensor del Pueblo contendrá las impresiones del colectivo y las quejas que han presentado varias ONG. “Estas agrupaciones han transmitido preocupación por lo que ocurre dentro, y queremos ver si se han llevado a cabo modificaciones”, señaló Caballero en referencia al reglamento de actuación que se dictó el pasado mes de febrero.

Acompañados por el subdirector del CIE y un subcomisario de policía, los representantes del Síndic de Greuges recibieron continuos reclamos de los detenidos, según Paco Solans, abogado de la organización SOS Racismo. Solans definió como “lamentable” la coyuntura de las 150 personas que puede llegar a albergar el centro. “El servicio médico es insuficiente y el régimen de visitas es carcelario, sin contacto físico y con horario reducido”, explicó.

Salva Lacruz, miembro de la campaña por el cierre de estos centros, celebró la colaboración del Síndic de Greuges y la posibilidad de trasladarle al Defensor del Pueblo las “inaceptables” condiciones de estos lugares. “Queremos que se tome conciencia del agujero negro que tenemos con respecto a los derechos humanos en este territorio y al limbo legal en que se encuentran estos centros”, subrayó, “para que, a medio plazo, se consiga el desmantelamiento total”.

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