Digestión política de un pelotazo

“Ata a tus perros”. “PSOE, asesinos”. Estas pintadas aparecieron en la fachada de la Casa del Pueblo de Santurtzi (Bizkaia) horas después de que la autopsia confirmara el miércoles que una pelota de goma lanzada seis días antes durante una carga de la Ertzaintza causó la muerte de Iñigo Cabacas cuando este seguidor del Athletic, de 28 años, celebraba el pase de su equipo a las semifinales de la Europa League. La izquierda abertzale no ha tardado un segundo en llevar a la calle, con la liturgia propia, la exigencia de responsabilidades —centradas en el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares—, aunque se ha encontrado, como reconocía ayer un dirigente socialista, con “el cordón sanitario” de la familia y el entorno de la víctima, que huyen de la utilización política del suceso.

La actitud de la familia de la víctima, clave para evitar la utilización política

Precisamente a la actitud que adopte la familia Cabacas, propietaria de un céntrico bar ubicado muy cerca del lugar donde resultó mortalmente herido su hijo, atribuyen los tres partidos mayoritarios en el Parlamento vasco “la capacidad de la izquierda abertzale para capitalizar esta muerte”. De momento, familiares y amigos de la víctima silenciaron los vítores de signo identitario que empezaron a escucharse en la primera concentración de repulsa, a la que acudieron Jone Goirizelaia y otros dirigentes abertzales. Pero Amaiur ya ha llevado al Congreso la exigencia de dimisión de Ares, criticando de paso “las lamentaciones” con las que acogió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, las conclusiones de la autopsia a Cabacas. Y a Bildu, en Euskadi, no le parece suficiente que se abra una investigación, como pide el Ayuntamiento de Bilbao, sino que exige “responsabilidades”.

El resto de los partidos bloquearán las pretensiones abertzales, que se ven favorecidas precisamente ahora que Euskadi vive sin el terrorismo de ETA. En ese contexto podría entenderse que el portavoz soberanista Pernando Barrena llegara a decir que al Gobierno de Patxi López “le preocupa más la seguridad de un contenedor que una vida humana”, en alusión a las actuaciones policiales contra la kale borroka y la muerte de Cabacas.

“No se trata de una muerte por motivos ideológicos”, precisaba ayer el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, proclive a evitar “la capitalización de la desgracia por parte de la izquierda abertzale” mediante un compromiso “democrático de todos los partidos”, que pasa por la exigencia de una profunda investigación y de una adecuación del nuevo papel de la Ertzaintza, “que viene de sufrir la presión de tantos años de terrorismo”.

El Gobierno de López admite “la conmoción”, pero descarta que “vaya a prender” la indignación social por esta muerte, que el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, asocia a un presunto delito de homicidio imprudente, aunque la investigación también puede concluir que se haya debido a un hecho “fortuito”. Para el sociólogo Ander Gurrutxaga, “hasta para la izquierda abertzale sería peligroso intentar manejarlo [el suceso]”, aunque recuerda que en el País Vasco “se viven tiempos de política exprés, todo lo relativo al final de ETA está muy fresco y en todas las sociedades que han tenido situaciones similares se necesita tiempo”, añade.

El consejero Ares ya admite negligencia antes de comparecer en el Parlamento

Con todo, dentro y fuera del Gobierno vasco se comparte la “vital importancia” de que la investigación en curso sobre la muerte del hincha rojiblanco, empleado de banca, debe evitar todo tipo de sombras, y por eso adquiere una lógica importancia la comparecencia solicitada con urgencia por Ares, para hoy en el Parlamento, en pleno periodo vacacional. El consejero ya reconoció ayer que “pudo haber una negligencia” en la actuación de la Ertzaintza. Pero en su informe, que se espera exhaustivo, Ares tampoco podrá cargar demasiado las tintas sobre la actuación de la policía vasca, un cuerpo con el que mantiene desde que llegó prácticamente un enconado litigio por razones sindicales y que espera “palabras de comprensión del consejero”.

Más allá de la lógica depuración de responsabilidades —los indicios señalan a un suboficial que ordenó cargar a una patrulla con un material que no acaba de retirarse a pesar de la recomendación que hizo la UE el pasado mes de junio—, esta muerte ha introducido el debate sobre la actitud de la Ertzaintza en un escenario sin violencia terrorista. En un primer análisis de situación, Gobierno y partidos subrayan “la tensión” con la que accedió la Ertzaintza al lugar de los hechos, en una zona próxima a un local frecuentado por simpatizantes de la izquierda abertzale. “No se pueden olvidar los años de presión, las emboscadas que han sufrido, sus muertos y que el mismo día del ataque fueron recibidos a botellazo limpio”, añade un portavoz del Ejecutivo socialista.

En realidad, todas las fuentes consultadas coinciden en que la policía vasca “se tiene que adaptar”. Como dice el sociólogo Gurrutxaga, “todos tenemos que aprender a manejar la situación y nos queda saber gestionar”. Desde el Gobierno se cree que esta adaptación existe, pero ponen el acento en “las razones ambientales” que condicionaron la fatal actuación policial.

Patxi López se encuentra en una incómoda situación, porque la muerte es un hecho de relevancia social, como se puso de manifiesto en el multitudinario funeral de anoche, en Bilbao. La oposición apretará sin ahogar en el Parlamento y exigirá medidas correctoras a la Ertzaintza. El PP se contendrá. Como recordaba críticamente Basagoiti ayer, “si hiciéramos como el PSOE en Valencia, pediríamos la dimisión del lehendakari y del consejero, pero no lo haremos”.