De presos en las cárceles cubanas, a 'sin techo' en las calles de Madrid

Exprisioneros políticos traídos a España por Exteriores hace un año pierden las ayudas públicas

El grupo de disidentes cubanos de Móstoles. / CRISTÓBAL MANUEL

Comenzaron a llegar en 2010. En el aeropuerto de Barajas los esperaban los flashes de los fotógrafos. Desde allí los trasladaron a hoteles de tres estrellas. Componían el colectivo de 115 presos que el presidente cubano, Raúl Castro, tras la mediación de la Iglesia católica y el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, accedió a liberar a condición de que abandonaran la isla. Llegaron junto a 650 familiares. Firmaron un convenio por el que España correría con su manutención un año, con posibilidad de otro más. Ahora el convenio ha expirado y se encuentran sin recursos.

Una operación humanitaria les permitió llegar de los presidios cubanos a las calles de Madrid. En la Comunidad quedan unas 20 familias de aquellos disidentes. El resto se reparten por otras comunidades o han emigrado a Estados Unidos cuando tenían familia allí. A medida que las ayudas han acabado (el alquiler, más unos 180 euros por persona), se han ido reagrupando en los pisos de los que aún sobreviven de la fianza de su apartamento. Una decena de estos cubanos se encontraba el sábado en una de estas casas, la de Luis Campo, en Móstoles. Ernesto Durán, 17 años en la cárcel, mostraba el papel en el que la ONG CEAR le anunciaba el 1 de abril que no tendría más el dinero que le tramitaban en nombre del Ministerio de Exteriores. Junto con los siete miembros de su familia, incluido un bebé de dos meses, explicaba que está durmiendo en casa de unos amigos.

Se encontraron con una guerra política por capitalizar su liberación

Un portavoz del ministerio ha confirmado a este periódico que el programa acabó y no está pensada ninguna ampliación. El actual Gobierno del PP mira a los disidentes como una incómoda herencia del PSOE. Los cubanos pasan ahora a ser como cualquier inmigrante desempleado más. “Pero no somos inmigrantes normales”, contesta Arturo Suárez. “Primero, que nos trajeron ellos, somos refugiados políticos; y después, que yo he estado en la cárcel casi 24 años: para mí no es fácil encontrar un empleo”. Arturo cuenta que cuando llegó a España ni siquiera había visto un teléfono móvil. “No sabía ni pedir un café, me costaba relacionarme: no nos pueden trasplantar aquí y olvidarse de nosotros”.

Otro de los disidentes pide la palabra. “Yo sé que no se nos puede mantener con subsidios”, dice Diosris Santana, que lleva 10 días comiendo unos espaguetis que le regalaron junto a cinco compañeros de piso. “Queremos trabajar para justificar esas ayudas: como barrenderos o en lo que sea. O que nos envíen a otro país para emplearnos”. Muchos de ellos son obreros, pero también hay médicos o historiadores. Una de sus quejas es que aún no les han homologado sus diplomas, ni los de secundaria.

"Queremos trabajar en lo que sea para poder justificar nuestros subsidios"

La suya fue la excarcelación más importante en Cuba desde 1998. Una parte importante de los liberados pertenecía a los presos políticos concentrados en el Grupo de los 75. Sin delitos de sangre, se les acusaba de atentar contra la soberanía nacional y “conspirar con Estados Unidos”.

En España se encontraron con una gran acogida, pero también con la guerra entre PSOE y PP por capitalizar su liberación. El entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, atribuyó al Gobierno socialista “el orgullo de decir al mundo que ha sacado a los presos de conciencia de las cárceles cubanas”. Mientras, los presos se reunieron con Esperanza Aguirre y José María Aznar. El PP incluso se llevó a cuatro de ellos a Bruselas para que defendieran la necesidad de mantener la Posición Común que condiciona las relaciones con Cuba a la mejora de derechos humanos.

El día 4, Alberto Santiago Du Bouchet, uno de los expresidiarios, y periodista represaliado, se suicidó en Las Palmas. Los cubanos en el salón de la casa de Móstoles debaten hasta qué punto el hecho tuvo que ver con las dificultades económicas a las que se enfrentan. Todos están de acuerdo en que no quieren hacer demagogia. “Nosotros arrastramos circunstancias complicadas. No vamos a negarlo”, dice pensativo Arturo. “Hemos sufrido golpizas y tortura. Mantener el equilibrio a veces es duro”.

Luis, que permanecía callado, fuma en la ventana. “Lo de Alberto da que pensar. Hemos pasado pruebas y privaciones. Estábamos encerrados pero con la conciencia limpia porque nuestra lucha nos parecía justa. Ahora es difícil: hemos arrastrado a nuestras familias lejos de casa y no podemos darles de comer. Por primera vez en mi vida tengo cargo de conciencia. Tengo miedo”.

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