Un pulso para frenar el desahucio

“Seguro que pasaremos. Que no te quepa duda”. El jefe de turno de los Mossos d’Esquadra llegó ayer a la calle de Empúries de Girona convencido de que se llevaría a cabo el desahucio de Rómulo Bedoya, de 46 años, y sus cuatro hijos. Unos minutos más tarde comunicó por radio que en el lugar había “criaturas” y precisó que los agentes preferían evitar “una situación conflictiva” con la cincuentena de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que custodiaban la puerta del edificio en el que vive Bedoya. Arriba, el afectado preparaba un pastel de patatas a sus hijos e intentaba disimular ante el revuelo que llegaba de la calle. La comitiva judicial aceptó, al final y a disgusto, posponer el desahucio dos meses.

Los desahucios se han convertido en una lucha de estrategia. El cerrajero enviado por el banco fue el primero en llegar. La comitiva judicial, con la secretaria del juzgado y un apoderado de la entidad, no apareció hasta la llegada de dos furgonetas de los Mossos d’Esquadra. Era la una de la tarde, dos horas después de la hora fijada. El encargado de negociar con los concentrados fue el jefe de turno de la policía. “Decidle que baje. Acepto que no podemos entrar, lo único que intento es ponerle en contacto con el juzgado”.

Pero Rómulo no iba a bajar hasta que la comitiva judicial aceptase posponer el desahucio, algo a lo que no parecían dispuestos. “Ya se le concedió una prórroga de un mes. La ley no permite volver a posponerlo”, manifestó la secretaria. “Ustedes no van a poder echarle, así que es mejor llegar a un acuerdo”, desafió Marta Afuera, de la PAH. “Necesitamos dos meses para acabar de negociar la condonación de la deuda”, siguió. Finalmente, la secretaria judicial cedió: “Pero él tiene que comprometerse a dejar el piso en ese plazo”, sentenció.

Bedoya, de origen peruano, nacionalizado español y separado, ya ha perdido el piso en el que vive, que adquirió en 2005 tras firmar con Bankia una hipoteca de 199.000 euros. Pero perdió el trabajo, agotó el paro y dejó de pagar las cuotas.

La vivienda salió a subasta, Bankia se la adjudicó por un precio inferior al del crédito y ahora reclama la diferencia. Bedoya, que subsiste con una ayuda de 400 euros al mes, se niega a dejar el piso hasta que el banco acepte condonarle la deuda. Su caso llegó a la Mesa de Coordinación por el Derecho a la Vivienda, creada por el Ayuntamiento de Girona para atender a las familias amenazadas con un desahucio. La forman el Consistorio, la PAH, Càritas, el Colegio de Abogados y los partidos políticos. “Nos han dicho que hay un acuerdo de palabra para condonar la deuda, pero hay que verlo por escrito”, afirma Afuera. Bedoya asegura no saber cuánto dinero le reclama el banco. La situación se le hace muy dolorosa por sus hijos, de 15, 12, 10 y 9 años.

Cuando ya estaba claro que el desahucio quedaba paralizado, el jefe de turno de los Mossos pidió a Bedoya que se acercara a la comitiva judicial para “firmar el documento”. “¡Que vengan ellos, que den la cara!”, replicaron los manifestantes solidarios con el hombre. El disgusto era evidente en los rostros de la comitiva judicial. “¡Encima son unos chulos!”, se quejaron antes de dar el brazo a torcer. Tras la firma, la comitiva y los Mossos abandonaron el lugar entre aplausos de los manifestantes y vecinos, y gritos de “¡sí se puede, sí se puede!”. Rómulo y sus hijos podrán quedarse dos meses más en casa.