MEDIO AMBIENTE

La Comunidad se plantea dejar construir en suelo rural protegido

La Consejería de Medio Ambiente ultima una Ley de Residencias Rurales que permitiría edificar en parcelas de 10 hectáreas en zonas donde ahora no es posible

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Dos excursionistas pasean por el término municipal de San Martín de la Vega.

¿Dispone de una parcelita de al menos 10 hectáreas en suelo rural protegido? ¿Su capacidad como terrateniente no llega a tanto, y solo cuenta con una superficie mínima de cinco hectáreas en suelo rural sin protección? Está de suerte. La Comunidad de Madrid aprobará en las próximas semanas una Ley de Residencias Rurales Sostenibles que permitirá construir, de acuerdo con el anteproyecto al que ha tenido acceso EL PAÍS, en parajes donde antes no era posible.

“La vieja y trasnochada concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto negativo sobre el entorno no puede tener ya cabida en una sociedad como la nuestra, que aspira a que sus ciudadanos sean a la vez libres como personas y responsables con el medio ambiente”, expone el borrador del anteproyecto, que justifica la reforma legislativa en “la importante demanda”. La iniciativa no es nueva: la presidenta regional, Esperanza Aguirre, incluyó entre sus promesas electorales en los comicios municipales y autonómicos del año pasado “desarrollar una nueva Ley de urbanizaciones sostenibles en el ámbito rural”. Lo que no se sabe es si el borrador definitivo permitirá a los propietarios beneficiados por la norma construir en espacios naturales protegidos como el Hayedo de Montejo de la Sierra, la Cuenca alta del Manzanares o el Curso medio del río Guadarrama y su entorno. No se sabe porque la Consejería de Medio Ambiente, cuya máxima autoridad es Ana Isabel Mariño, no ha dado una respuesta clara a las preguntas que este diario formuló por primera vez hace tres semanas. “Es un texto vivo, como cuando se escribe y rescribe la letra de una canción”, se pierden en vaguedades en el organismo.

“De ser como parece, la nueva ley promueve el desarrollo insostenible en la región al propiciar los procesos de parcelaciones de grandes fincas y de urbanización dispersa de potencial grave impacto en el territorio, incluso en los espacios naturales protegidos... ¿Incluso en los protegidos por leyes específicas como Peñalara o La Pedriza?”, se escandaliza Inés Sabanés, de Equo. “Es un nuevo riesgo para la especulación y desprotección del territorio. Además, posibilitaría la colonización dispersa y un cambio radical contra la cultura agraria y ambiental madrileña”, prosigue la representante del partido ecologista. El 63% de los municipios madrileños son rurales. Su población es de 210.000 personas, equivalente al 3,5% de la Comunidad y al 42% del territorio.

De acuerdo con el anteproyecto de ley, “las viviendas se edificarán en una sola planta sin poder modificar la rasante natural del terreno en que se ubiquen, causando el menor impacto visual posible”, para “garantizar” el respeto al medioambiente. Otras medidas que se deberían cumplir serían “conservar el arbolado existente” y compensar cada unidad trasplantada con especies autóctonas, a razón de cinco ejemplares por unidad sustituida”. Tampoco se permitirá “realizar vertidos de residuos ilegales o incontrolados”, y será obligatorio “utilizar materiales integrados en el paisaje”. La superficie máxima de ocupación de parcela por edificación y demás instalaciones correspondería al 1% del terreno.

“La intención es potenciar el desarrollo económico de las zonas rurales, los propietarios estarán limitados a una única edificación unifamiliar por parcela, destinada solo a uso residencial de su propietario y siempre bajo estrictos criterios medioambientales”, dicen en Medio Ambiente, donde pregonan que es una opción alternativa para conseguir ingresos en tiempos de crisis. No hay pronósticos al respecto. De acuerdo con la Consejería, todas las Autonomías salvo País Vasco, Cataluña y Galicia, cuentan con leyes similares. “Este anteproyecto recoge claramente la desaparición del suelo no urbanizable y la protección del suelo; se establecen excepciones sin límite”, replica el portavoz de UPyD en la Comisión de Medio Ambiente, Gabriel López.

La diputada socialista Matilde Fernández también califica de “disparatado” el anteproyecto, que le interesa especialmente al ser concejala por Montejo de la Sierra. Así se lo hizo saber a Mariño en el pleno de la Asamblea del 15 de marzo. “¡Cuidado con lo que pasa con el hayedo! (...) Están a punto de traernos a esta Cámara un proyecto de ley sobre viviendas rurales sostenibles, y yo me he leído un papelito que me han mandado los trabajadores de la Consejería. Dice: ‘Vulnerando ley europea y ley nacional, vamos a plantear viviendas unifamiliares rurales allá donde la gente tenga diez hectáreas, si es suelo protegido, o cinco hectáreas, si es suelo sin proteger’. ¡Fíjense ustedes cómo piensan! Piensan congelar el salario mínimo interprofesional pero, eso sí, chalecitos en áreas protegidas. ¿Para quién?”.