Las cuentas de Rajoy ignoran el Estatuto

Pregunta. ¿Cumplirá el Gobierno la inversión que contempla el Estatuto según la población?

Respuesta. Voy a exigirle al Gobierno que cumpla con nuestro Estatuto. Soy muy consciente de que los tiempos que corren son muy complejos en términos económicos (...)

Esta es la repuesta del líder del PP andaluz y candidato a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, a una pregunta en una entrevista a este periódico días antes de la celebración de las elecciones del 25 de marzo. Nueve días después de escrutados los votos —que dejaron al PP a cinco escaños de los 55 de la mayoría absoluta, al PSOE con 47 y a IU con 12—, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se desentiende del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El proyecto de ley de Presupuestos del Estado rebaja en un 25% la inversión del sector público estatal en las comunidades autónomas y deja la inversión regionalizable en Andalucía en el 14,6% (1.851,91 millones de euros), en lugar del 17,8% al que obliga el Estatuto andaluz. Esta cifra supone un 37,6% menos que el ejercicio pasado.

La disposición adicional tercera de esta norma, aprobada también por el PP durante su tramitación en las Cortes, obliga a que la inversión estatal sea igual al peso de su población sobre el conjunto del Estado, es decir, del 17,8%. Este mandato tiene una duración de siete años, hasta 2014.

Mar Moreno acusa al Ejecutivo central de "rebeldía estatutaria"

Se aplicó por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 y así ha sido en los años sucesivos en los que las cuentas generales han sido aprobadas por el anterior Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta el de este año. Pese a que Zapatero cumplió, el dinero previsto no se ejecutó por completo. De hecho, existe un desfase en la ejecución en esos dos ejercicios de 1.504 millones de euros.

Esta cantidad fue la que se acordó en una comisión bilateral Junta-Estado celebrada en octubre pasado cuando los dos gobiernos estaban en manos de los socialistas. La reunión se celebró un mes antes de las elecciones generales del 20 de noviembre, que supuso la llegada al poder de Rajoy.

Aunque esta cifra está reconocida no se acordó ningún procedimiento de pago. La idea que se barajó entonces para liquidar esa deuda contemplaba una transferencia de capital o a través de incrementos adicionales en los futuros presupuestos.

“No criticamos que en Andalucía bajen las inversiones en obra pública porque eso es normal en una circunstancia como esta, lo que sí evidentemente suscita la enérgica protesta del Gobierno, que lo va a defender política y jurídicamente, es que no se cumpla el Estatuto”, afirmó este martes la consejera de la Presidencia en funciones, Mar Moreno.

La también portavoz del Gobierno aseguró que el Ejecutivo andaluz intentará llegar a un acuerdo político con el Ejecutivo de Rajoy y una vez agotado esta camino acudirá a la vía jurídica ante un incumplimiento que calificó de “rebeldía estatutaria”. Sin embargo, en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, desgranado ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no figura una cláusula que blinde el derecho de la comunidad a cobrar la inversión no ejecutada, como sí aparece en la ley presupuestaria de 2011. Ese dinero, por tanto, y salvo que se introduzca alguna modificación durante el trámite de enmiendas en el Congreso, está más en el aire que nunca.

Desde el PP se intentó jugar a la confusión para tapar que los Presupuestos del Estado ignoran el mandato del Estatuto andaluz. Según las cuentas del secretario general del PP, Antonio Sanz, las inversiones de Rajoy “triplican” las últimas diseñadas por Zapatero.

El coordinador de IU, Diego Valderas, despachó con el calificativo de “pésimo” para Andalucía las cuentas estatales.

El Gobierno andaluz aún no ha hecho un cálculo del impacto que tendrá en la comunidad los Presupuestos del Estado por todos los conceptos, no solo el de la inversión. Tampoco en cómo afectará a su propio presupuesto. A lo largo de la pasada campaña, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, evitó dar una cifra de recortes en el Presupuesto andaluz que asciende 32.020 millones de euros. El único que dio una cifra fue Arenas y la elevó hasta los 4.000 millones.