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Alaya cree que Guerrero recibió “dádivas”

La juez de los ERE mantiene la imputación de un exdirectivo de Vitalia

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha decidido mantener la imputación del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, quien había solicitado el archivo de la parte que le afecta. Alaya rechaza esta petición en un auto dictado el pasado 22 de marzo en el que sostiene que Albarracín, considerado uno de los personajes clave en la trama fraudulenta, "habría conocido la inclusión de los múltiples intrusos en la multitud de pólizas de prejubilación en las que habría intervenido en nombre de Vitalia".

Además, Alaya apunta que las comisiones que cobró la empresa por su intermediación en los expedientes de regulación de empleo, que en algunos casos superaban el 15%, muy por encima de los precios de mercados, como otro elemento por el que mantiene la imputación. También recuerda que Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del principal implicado en la causa, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, señaló en su declaración judicial que Albarracín pagó en alguna ocasión al ex alto cargo de la Junta de Andalucía, que se encuentra en prisión. Alaya cree que hay indicios suficientes para creer que Albarracín pagó "dádivas" a Guerrero como "contraprestación" por el trabajo que realizaba para la Consejería de Empleo.

En su declaración ante la juez Alaya, el chófer, que también está encarcelado, sostuvo que en una ocasión acudió a Madrid a recoger dos sobres de "más de dos dedos de grosor y menos de tres" con "billetes que se notaban grandes". Estos sobres se los entregó Albarracín con la misión de dárselos a Guerrero. En el mismo auto, la juez ordena ampliar, precisamente, la investigación a Trujillo. En concreto, a algunas de las empresas en las que participó el exchófer, además de ordenar que se analice si percibió irregularmente el subsidio de desempleo.

Por otra parte, el PP andaluz ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción 16 en el que pide personarse como "acusación popular", sin necesidad de presentar querella, en el caso que investiga las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa pública de inversión y capital riesgo de Invercaria, según anunció el lunes la portavoz de este partido, Rosario Soto, informa Europa Press.

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