El interventor de Alicante denuncia el descontrol presupuestario

Duro varapalo a la gestión de las cuentas del Ayuntamiento de Alicante. El interventor general del Consistorio critica, en su informe sobre el plan de ajuste aprobado este viernes entre duras críticas de la oposición municipal, las malas prácticas del equipo de gobierno, en manos del PP desde 1995. El técnico ha tenido que evacuar el dictamen el mismo día en el que documento tenía que ser aprobado al acabar el plazo dado por el Gobierno.

El informe recuerda cómo el Consistorio se valió de los planes anteriores, en 2009 y 2011, para aliviar las cuentas de los municipios para pagar “parte” de las deudas “pendientes de reconocer”. Pero “acto seguido continuó generando gastos sin consignación presupuestaria, hasta llegar a la situación actual”, puntualiza. El funcionario detalla la existencia de 10,2 millones en facturas que no han sido incluidas en el plan de pago a proveedores presentado por el Ayuntamiento y que en global asciende a casi 55 millones.

En su informe, el interventor recuerda cómo el problema de las facturas en el cajón “se pierde en el tiempo” y que se intentó sin éxito controlar al habilitar una fórmula nueva en la contabilidad. Esta vía permite a los Ayuntamientos un cierre presupuestario en positivo cuando en realidad “si se tuvieran en cuenta esos gastos bien pudiera ser distinto”.

El informe advierte de las carencias del plan de ajuste aprobado in extremis, que califica de impreciso e incompleto. Y en su línea crítica con la gestión de Castedo, insiste en que este plan hubiera sido innecesario si sencillamente se cumpliera “la legalidad vigente” y se fijaran las medidas “para el control necesario”.

La inversión que prevé Castedo se desploma de 11 a 2 millones

El plan de ajuste incluye una subida de las tasas del 3% (el IPC según el PP), ahorrar 2,5 millones solo en gastos de personal (con amortizaciones de plazas y eliminación de complementos). La oposición cargó contra un plan que tildó de poco valiente y que considera que no resolverá la situación financiera de Alicante. La aprobación se produjo en un pleno extraordinario forzado por la oposición.

El plan prevé también completar los ingresos con un cambio de la normativa de vados que hará aflorar unas 5.000 plazas clandestinas. El documento desploma la inversión real prevista hasta los dos millones en 2014 y 2015 (en 2012 es de 11 millones) y prevé este año una caída de ingresos de 19 millones y de 37 millones en los gastos. El Ayuntamiento ha renunciado a rescatar las grandes contratas públicas, entre ellas la multimillonaria de limpieza y basura, en manos de Enrique Ortiz, como exigían el PSPV y EU, esgrimiendo que es inviable económicamente,

El pleno extraordinario fue convocado a regañadientes por el PP. El equipo de gobierno retrasó el pleno previsto a las 9.30 pero el PSPV y EU alertaron por escrito de que se incumplía el reglamento y cualquier acuerdo quedaba en papel mojado si antes no se convocaba a la Junta de Portavoces. El PP cedió.

Benidorm. La polémica también rodeó el pleno. La oposición, firmada por los 11 concejales del PP y los tres del CDL que encabeza Gema Amor, rechazó el plan de ajuste presentado por el Gobierno del PSPV, también con 11 ediles, y abocó a la ciudad a una nueva moción de censura. “Estoy segura de que podremos llegar a un acuerdo con el PP por el bien de esta ciudad”, llegó a decir Amor, que media hora antes del pleno se había reunido con el alcalde, Agustín Navarro, para intentar salvar un plan de ajuste de 57,6 millones.

La alianza en Benidorm aboca a la ciudad a otra moción de censura

“Es una falta de responsabilidad política, ni quieren gobernar ni dejan que lo hagamos”, le contestó Navarro. “Si lo que quieren es la alcaldía, en cinco minutos dimito si son capaces de aprobar otro plan de ajuste por el bien de la ciudad”, llegó a decir el regidor en un evidente estado de excitación provocado por el voto de los liberales.

El Consistorio se ve abocado a una situación insostenible. Aunque el presupuesto de 2012 no está aprobado, el techo de gasto está cifrado por Intervención en 94,5 millones, pero la deuda reconocida supera los 150. Con una relación de 4.712 facturas enviadas al Gobierno por importe de 57,6 millones, que ahora nadie sabe cómo se podrán pagar, Benidorm, la ciudad más grande de la Comunidad Valenciana gobernada por el PSPV, se encamina hacia otra moción de censura.

Valencia. “Oponerse a este plan es negarse a pagar a los proveedores”, recriminó ayer el vicealcalde popular Alfonso Grau durante el pleno en el Ayuntamiento. Al final, el ajuste requerido para acogerse al pago de proveedores salió adelante gracias, exclusivamente, al PP. Toda la oposición, EUPV, PSPV y Compromís, votaron en contra y tildaron la gestión económica de “nefasta”. Estas medidas, impulsadas por el Gobierno, contemplan facturas por 181.148.492 euros. Del total, el 48% de la deuda se asumió sin que hubiera cobertura presupuestaria.

Grau defendió que es un plan “equilibrado” y acusó a la oposición por votar en contra pese a que, según indicó, permite rebajar la carga financiera a partir del cuarto año y abonar a los proveedores.

“El ajuste va a requerir subidas de impuestos”, argumentó Rosa Albert, edil de EU, “y mientras los bancos reciben ayudas, los vecinos pagamos el despilfarro”. “Es el reflejo de la nefasta política económica del Gobierno local”, incidió Albert. También hizo hincapié en que el plan no contempla aspectos como los 163 millones de “dudoso cobro” que aún están pendientes.

Grau justificó la deuda de Valencia por el “zarpazo” de Zapatero

El concejal del PSPV Pedro Sánchez recurrió al título Rita en el país de las maravillas para describir la imagen que tiene el Grupo Popular de su propia actuación: “Nos lo reprochan la señora transparencia y la señora buena gestión”, apuntó, “cuando hay dos cosas claras en estas medidas: la subida de impuestos y la reducción de gasto en personal. Lo demás son solo buenas intenciones”, expresó. Sánchez calificó de “no creíble” el ajuste.

Joan Ribó, portavoz de Compromís, se alegró por el pago de las facturas, pero insistió en que “el plan supone la concreción de la pésima política económica” del Ayuntamiento. Ribó acusó de “infracción grave” que los más de 87 millones en facturas pendientes de pago no tengan consignación presupuestaria. Ribó remarcó que esta cantidad supone un 25% de los presupuestos para 2012.

El vicealcalde negó que así se renuncie a la inversión pública o que esto provoque endeudamiento. Grau, además, achacó la deuda al “zarpazo” de 130 millones que el Gobierno de Zapatero les “quitó del bolsillo miserablemente” y “sin previo aviso”.

Castellón. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, del PP, también aprobó en solitario un plan de ajuste que implica una subida del 20% del IBI durante los dos próximos años y, a partir de 2015, un aumento de las tasas municipales para que “el ciudadano pague el coste real de los servicios”. Estas dos medidas centran el plan de ajuste que el Gobierno debe aprobar para dar vía libre a los 46,7 millones reclamados por el Consistorio para pagar a sus proveedores. Castellón prevé este año un ahorro de 7,6 millones y otros 8,7 para 2013, entre ellos, 742.000 euros por amortización de puestos.

En Castellón, la oposición calificó el ajuste de “intolerable”

El plan no contempla medidas propuestas en el Real Decreto como una rebaja de sueldos ni la reducción de los puestos de confianza. Sí obliga a la disolución de la empresa municipal gestora de suelo, Gumsa, por tener pérdidas mayores al 50% de su capital.

En los próximos 10 años el Ayuntamiento deberá pagar, en intereses generados por este plan, más de 15 millones de euros. Sumado a las deudas a largo plazo ya contraídas, Castellón tiene una factura anual a devolver de 22 millones, sin contar la deuda a corto plazo.

Los grupos de la oposición (PSPV, Bloc y EU) votaron en contra de las medidas aprobadas. El concejal de Hacienda, Juan José Pérez-Macián, defendió la gestión municipal y achacó al modelo de financiación local y a la asunción de competencias que no corresponden al Ayuntamiento las causas de una deuda que definió como “normal”.

La portavoz socialista, Amparo Marco, criticó que el Ejecutivo local “no haya sido capaz de pagar hasta facturas de menos de 10 euros” y manifestó que el plan “es una intervención tutelada obligatoria del Consistorio”. Desde el Bloc, Enric Nomdedéu achacó la deuda a Alberto Fabra, el “alcalde pirómano” y preguntó si existe un plan B en el caso de que el Gobierno no apruebe el plan. Por su parte, la portavoz de EU, Carme Carreres, lo tildó de “intolerable” y demandó la ausencia de medidas como la reducción de coches oficiales y de salarios de la Corporación.

Información elaborada con aportaciones de Artur Balaguer, Alberto García Palomo y Lorena Ortega.