La Generalitat pide imputar a uno de sus propios cargos por el saqueo de Emarsa

La Generalitat ha pedido al juez que impute a uno de sus propios cargos, Ignacio Bernácer, jefe de explotación de Epsar, la entidad del Consell de la que dependen las depuradoras valencianas, por su supuesta implicación en el saqueo de Emarsa. El abogado de la Generalitat también ha solicitado la imputación de José Juan Morenilla por los mismos motivos. Morenilla abandonó, sin embargo, la Epsar, de la que era gerente el verano pasado, y la petición no resulta tan chocante como la de Bernácer: el Gobierno autonómico ha pedido su imputación sin haber tomado previamente ninguna medida interna para apartarle de sus responsabilidades.

La Generalitat, argumenta, como la fiscalía y la acusación popular de los socialistas que denunciaron inicialmente el caso, varios elementos para reclamar al juez que ambos sean imputados. Por una parte, señalan, ha quedado acreditado que las empresas de Jorge Ignacio Roca cobraron a Emarsa 42 euros por cada tonelada de lodo tratado. Y que, al mismo tiempo, otra empresa Adobs, que era la que realmente hacía el trabajo, solo pagaba a las sociedades de Roca 18 euros por tonelada.

“La gran diferencia entre una cantidad y otra en cuanto a la facturación en ningún caso tiene como motivación el valor añadido que pudieran efectuar las empresas del señor Roca, ya que ninguna de ellas tenía medios humanos para realizar ningún tipo de actividad”, señala el letrado de la Generalitat.

Bernácer y Morenilla se repartían mensualmente parte del saqueo, según dos de los imputados

El abogado pone de manifiesto que de la investigación realizada hasta el momento “parece desprenderse indicios racionales de que con los fondos obtenidos a través de esta diferencia de precio se enriquecieron algunas personas”. Y varios imputados, prosigue, han señalado a Bernácer y Morenilla “como posibles destinatarios de parte de estos fondos”.

El letrado se refiere así, sin citarlos, al exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, y al proveedor y al mismo tiempo jefe de informática de la depuradora, Sebastián García Martínez, que afirmaron ante el juez que Morenilla, Bernácer, el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, y el entonces alcalde de Manises, vicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP y consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, se repartían 180.000 euros cada mes de los fondos rapiñados a la empresa pública a través de los enormes sobrecostes que se pagaban a las firmas de Roca.

El abogado de la Generalitat también recuerda que tanto Bernácer como Morenilla participaron en la financiación de Emarsa por parte de Epsar y fueron quienes establecieron, “entre otros, la determinación que la financiación de los lodos ascendería a un importe de 42 euros por tonelada”.

La diputada y presidenta del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, ha considerado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “demuestra su tolerancia a la corrupción al proteger y mantener en su cargo al alto cargo de Epsar, Ignacio Bernácer, y no cesarle ante el cúmulo de indicios sobre su mala gestión e incluso de haber participado activamente en el expolio de la depuradora y haberse beneficiado de ella con comisiones ilegales”.

Martínez ha afirmado que Fabra “va siempre a remolque de los acontecimientos”, y le ha pedido que no espere “a que Bernácer sea imputado o detenido para actuar”, como ocurrió recientemente con la trama que presuntamente desvió fondos destinados a cooperación en países pobres.