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Dos empresas de la ITV pagaron 140.000 euros a la fundación de CDC

Las donaciones se registraron coincidiendo con la prolongación de las concesiones de las dos empresas

El escándalo por la concesión de los servicios de inspección técnica de vehículos que ayer desembocó en la detención de dos altos cargos de CiU arranca en 2003. Tres meses antes de ser apartado del poder, el Gobierno de Jordi Pujol decidió prolongar hasta 2014 la concesión de estos servicios a las dos empresas que entonces se repartían el oligopolio (RVSA y dos del grupo Agbar). Las dos compañías beneficiadas por la decisión del Gobierno de Jordi Pujol no tardaron en tener un gesto hacia Convergència Democràtica. Agbar dio aquel año 90.000 euros a la fundación del partido, la Ramon Trias Fargas. RVSA hizo lo propio con una cantidad más modesta: 48.000 euros.

Se da la circunstancia de que quien estaba a cargo de la dirección general de Seguridad Industrial en el momento de prolongar estas concesiones era el ayer detenido Josep Tous, quien justificó la maniobra asegurando que el Gobierno de CiU era partidario del modelo de concesiones más que de la liberalización de la prestación de servicios. Tous tenía como superiores al diputado Antoni Fernández Teixidó, entonces consejero de Industria; y a Oriol Pujol, que era secretario general del departamento. Al ser preguntado por qué el Gobierno catalán aprobaba prolongar una concesión que no tenía por qué renovarse hasta muchos meses más tarde, Teixidó aseguró que no quería dejar el caso en manos de un “Gobierno en funciones”. Las elecciones se celebraron el 16 de noviembre y cuando el nuevo Gobierno de la izquierda llegó a la Generalitat la concesión ya estaba prolongada. El tripartito tardó seis años en abrir el mercado de las inspecciones técnicas.

Las donaciones de las dos empresas a la fundación Trias Fargas, hoy Catdem, figuran en el balance que la propia entidad entregó al Departamento de Justicia. Agbar y RVSA no son, ni por asomo, las únicas empresas que donaron dinero a la fundación de Convergència Democràtica justo antes o después de beneficiarse de decisiones del Ejecutivo de CiU. Catalana Occidente aportó 120.000 euros a la fundación entre 2003 y 2004 después de conseguir el visto bueno del Ejecutivo de Jordi Pujol para ampliar la estación de esquí de Baqueira Beret, entonces propiedad de la aseguradora. Los concesionarios de vehículos Motorsol y Autolica pagaron 5.000 euros cada uno en las mismas fechas tras conseguir un contrato de dos millones de euros para suministrar vehículos a los Mossos d’Esquadra.