La Generalitat asume cierres de institutos tecnológicos

Buena parte de la red valenciana pública de centros de I+D+i se encuentra en una situación de máxima tensión por la deuda de 52 millones de euros que la Generalitat, de la que dependen, mantiene con ellos

Buena parte de la red valenciana de institutos tecnológicos, la principal estructura pública de I+D+i que atiende al tejido industrial autonómico, se encuentra en una situación de máxima tensión por la deuda de 52 millones de euros que la Generalitat, de la que dependen, mantiene con ellos. Fuentes de los institutos aseguran que el mensaje que han recibido en las reuniones con la Consejería de Economía, que dirige Máximo Buch, es que no recibirán fondos, al menos, hasta junio. También se les ha advertido de que es mejor que ellos mismos vayan aplicando los recortes antes de que se los impongan desde arriba, y que en la vida económica las empresas quiebran, extremo que sería aplicable a los propios institutos.

El consejero de Economía insiste, desde que llegó al cargo a finales de enero tras la insólita marcha de su breve antecesor, Enrique Verdeguer, en que el papel de la Generalitat debe ser lo menos intervencionista posible y limitarse a allanar el terreno para que sea la iniciativa privada la que tire del carro. Buch proviene del mundo de la empresa, pero su discurso parece más bien fruto de la necesidad: la Generalitat necesita colocar 5.000 millones de deuda pública este año para evitar la bancarrota, y como los mercados no se fían solo podrá hacerlo si es a través del Gobierno.

Protestas

Medio millar de empleados de los institutos tecnológicos se concentraron ayer, en ese contexto, ante el Palau de la Generalitat. Los trabajadores reclamaron un modelo de financiación “sostenible” para los centros, que trabajan con 12.000 empresas y tienen a 7.000 de ellas asociadas.

Un portavoz de los institutos, agrupados en Redit, indicó que durante 25 años la financiación de los institutos consistió en que cada año los centros recibían un adelanto de las subvenciones necesarias para desarrollar los proyectos de I+D+i que habían sido aprobados por el Impiva. Una vez presentadas y revisadas las justificaciones de gastos por parte del Impiva, se les abonaba el resto de las subvenciones. El sistema se rompió en 2011, cuando los institutos no recibieron adelantos. Los centros, que no tienen ánimo de lucro y reinvierten sus beneficios en I+D+i, recurrieron a créditos bancarios “cada vez menos ventajosos”. Este año se ha iniciado como el anterior, con el añadido de que deben hacer frente al vencimiento de los préstamos.

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