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La Generalitat se personará en el caso de las ayudas a cooperación

En la investigación han sido imputados cuatro excargos del equipo de Blasco

La Generalitat valenciana se personará como acusación particular en el caso de presunto fraude de las ayudas destinadas a cooperación, según ha anunciado el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, tras el pleno del Consell. El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para que "pueda ejercer las oportunas acciones penales y civiles para la defensa de los derechos de la Generalitat sobre los hechos sucedidos sobre las presuntas irregularidades relacionadas con los expedientes de cooperación", ha explicado Ciscar.

Un total de 15 personas fueron detenidas el pasado febrero en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción de varios millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autonómico.

En la operación quedaron imputados cuatro cargos de la Consejería de Solidaridad. En lo más alto, Alexandre Catalá, fue subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, fue director general de Cooperación al Desarrollo. Hasta la destitución de ambos, ordenada por el presidente Alberto Fabra tras ser detenidos , eran respectivamente subsecretario de Sanidad y director general de Cooperación. También está imputado Marc Llinares, que fue jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, ahora destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda. Y este era el superior de María Dolores Escandell, que antes pasó por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), como jefa de servicio de Organización, Coordinación e Información. El Servef se creó en 2000, con Blasco como consejero de Empleo.

En esta investigación, que arrancó de forma secreta en mayo de 2011 tras una denuncia del fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, todos los detenidos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración salvo uno, que ingresó en prisión. Se trata de Augusto César Tauroni, responsable de la Fundación Hemisferio, considerada el epicentro de la trama creada en torno a la consejería para desviar los fondos otorgados a las ONG, a las que se inducía a contratar los servicios de determinadas empresas y fundaciones.

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