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Una plataforma pide a la Fiscalía que investigue los recortes de CiU en sanidad

Decenas de entidades denuncian que el ajuste de Salud aspira a privatizar el sector

Una plataforma integrada por una amalgama de ciudadanos anónimos, profesionales sanitarios y entidades cívicas ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña para que esta investigue los efectos de los recortes sanitarios aplicados por la Generalitat de CiU desde 2011. El escrito solicita al fiscal que investigue si las medidas de ajuste presupuestario del Departamento de Salud pueden haber incurrido en un delito penal por denegación de asistencia sanitaria.

Se trata de un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal. Este advierte de que incurre en un delito cualquier funcionario público que “impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos recogidos por la Constitución y el escrito”, señala la denuncia, que consta de 73 páginas y un anexo de cerca de 300 hojas para justificar los hechos.

"No tenemos color político, solo somos ciudadanos hartos de lo que ocurre", dice uno de los firmantes

“La Fiscalía debe investigar todo lo que está ocurriendo en el ámbito sanitario catalán porque está teniendo consecuencias muy graves”, señaló Clara Valverde, responsable de la Liga del síndrome de la fatiga crónica, que ha firmado la denuncia colectiva. “No respondemos a ningún color político”, detalló Valverde. “Solo somos ciudadanos anónimos que ya nos hemos hartado de lo que ocurre”.

La denuncia recorre una serie de hechos que ya han originado otras causas judiciales: desde el fallecimiento de una mujer que deambuló 65 horas por cuatro hospitales de Cataluña antes de ser operada hasta el presunto conflicto de intereses del presidente del Instituto Catalán de la Salud, que hasta el pasado enero compaginaba el cargo con la vicepresidencia de uno de los mayores grupos de sanidad privada del país.

El colectivo, denominado plataforma de afectados por los recortes sanitarios (PARS), considera que la sanidad pública catalana “está siendo desmantelada mediante los recortes presupuestarios”, señala la denuncia. “Hay indicios claros de privatización del sector porque las medidas anticrisis favorecen precisamente al sector privado”, añade. La PARS entiende que los recortes se están ejecutando “con plena conciencia” y con el objetivo de favorecer los intereses privados en el sector.