El gerente de la cooperativa de L'Aldea retiró 160.000 euros antes de la quiebra

La junta rectora de la entidad presentará una querella criminal contra Daniel Farré

Oficina de la sección de crédito de la cooperativa de La Aldea. / JOSEP LLUIS SELLART

El exgerente de la cooperativa de L'Aldea, Daniel Ferré, retiró 160.000 euros de la sección de crédito días antes de la quiebray los traspasó a una libreta suya. Por ello, la junta rectora de la entidad presentará una querella criminal contra él. Este trasvase de dinero se refleja en la auditoría y el plan de viabilidad elaborado por una consultora de Lleida y que se presentó ayer por la noche en una asamblea informativa.

Ante unos 300 impositores, los consultores desgranaron, una por una, las supuestas fechorías de Ferré, entre las que se encuentran la ocultación de pérdidas entre los años 2010 y 2011 e inversiones “injustifiables” en equipos informáticos, placas solares o fincas que se habrían “inflado” para percibir “subvenciones superiores no merecidas”. Asimismo, también se refleja que Ferré contrató a su esposa como trabajadora de la cooperativa sin que esta acudiera a trabajar “durante unos meses”, según detalla el consultor coautor del informe, Josep Anton Arnó.

Querellas criminales

Por todo esto la junta rectora de la cooperativa decidió presentar una querella criminal contra Ferré y contra el auditor que certificó las cuentas del 2010, ya que la auditoría “ocultaría 500.000 euros de pérdidas”, según los asesores de la cooperativa, que dieron a entender una complicidad entre el Ferré y el auditor, del que no se reveló la identidad.

Los hechos que presumiblemente son indicio de delito son la ocultación de hechos al consejo rector; la apropiación indebida, ya que “haciendo uso de su amplísimo poder el gerente dispuso de 160.000 euros que estaban a disposición de la cooperativa”, y la “manipulación de la contabilidad”, según el abogado y coautor del informe Miquel Angel Alonso.

El informe de viabilidad recomienda presentar concurso de acreedores y, después, votar en la asamblea prevista para el día 30 entre vender la cooperativa, administrarla entre los propios impositores o liquidarla judicialmente.

En el caso de que la cooperativa sea vendida, el informe prevé una recuperación de los ahorros en un periodo corto, pero solamente la mitad de ellos: “El comprador haría su negocio y los impositores recuperarían una parte de sus ahorros con una quita del 50%”, calcula Arnó. Si los impositores “ejercen de administradores de la cooperativa con un compromiso claro” podrían acceder al capital generado, con lo cual el informe calcula que todos los ahorros se podrían recuperar en cinco años.

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