FISCALIDAD VASCA

En el límite de la competencia fiscal

Las Diputaciones, en el punto de mira de la UE, que desconfía de la escasa transparencia foral

Los tres diputados generales de las Diputaciones forales, el pasado febrero antes de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. / L. RICO

Es difícil imaginar a los dirigentes políticos o a los técnicos de una institución pública diseñando instrumentos fiscales para blanquear dinero. Tampoco es fácil aceptar que los servicios jurídicos públicos, y los privados contratados por el sector público, puedan dar por buenas unas medidas tributarias que cuadruplican las rebajas que hacen las comunidades autónomas del entorno y las del resto de la UE.

Pero es todavía más increíble que después de todo, y en plena crisis económica y social, de pérdidas de derechos y de empleo, y de empobrecimiento generalizado de la sociedad vasca, las Diputaciones sigan exprimiendo al límite sus competencias exclusivas —las que le otorga la legislación autonómica— para convertir Euskadi en un refugio fiscal de los que ya no quedan en Europa.

Nadie duda de su efectividad para recaudar pero sí de su doble moral

Euskadi, que inventó los pagarés forales en la década de los 80, y se estrelló con las vacaciones fiscales en la de los 90, tiene todavía vivos, en pleno siglo XXI, unos productos financieros para grandes fortunas, los Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), que permiten a grandes fortunas empresariales tributar al 1%, en un contexto de progresivo empobrecimiento de los trabajadores por cuenta ajena y de muchos autónomos.

La desconfianza de la UE con Euskadi, tras el caso de las vacaciones fiscales, le ha puesto en el punto de mira de varios departamentos de contenido económico y de Competencia de la UE, que han criticado, en público y en privado, la falta de transparencia de las instituciones forales. Es decir, aunque las Diputaciones están bajo el microscopio de la UE, a sus regentes parece no preocuparles. El pasado septiembre, la UE remitió un escrito al Tribunal de Luxemburgo, en el que mostraba su hartazgo por el incumplimiento reiterado de las sentencias comunitarias —declaró las ayudas ilegales en 2001 y todavía le está reclamando que cumplan la sentencia—

Ingeniería fiscal

  • Pagarés forales. Las primeras emisiones son de 1986. Era sobre todo dinero negro que las diputaciones pagaban al 7% u 8% a sus titulares, a los que garantizaba opacidad. La banca abonaba a las diputaciones cuatro o cinco puntos adicionales. El Superior vasco anuló dos emisiones de Bizkaia de 1986.
  • Vacaciones fiscales. La primera ayuda fue aprobada en 1993 y duró hasta 1995. Facilitaba diez años de exención en Sociedades a quienes invirtieran medio millón de euros y crearan 10 empleos. El Crédito fiscal de 1996 permitía recuperar vía Impuesto de Sociedades el 45% de las inversiones de más de 15 millones. Las minivacaciones daban deducciones sucesivas del Impuesto de Sociedades.
  • Sociedades de Promoción de Empresas. De 1996, las Sociedades de Promoción de Empresas tributan al 1% frente al 28% del resto, pero tiene que aceptarlo previamente la Diputación foral al entender que “incentivan la reinversión” y “favorecen la creación de nuevas empresas”.

Pese a este contexto, las tres mantienen vivas las SPE, pero nadie sabe el impacto en la economía vasca. Hasta 2010, en Gipuzkoa había 115 sociedades de promoción que dejaron de ingresar 600 millones de euros. El de las vacaciones fiscales no es, además, el primer varapalo judicial que han recibido por la ingeniería financiera que han diseñado en los últimos 25 años. En 1990 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló dos emisiones de pagarés forales —una manera legal de captar dinero negro que ofrecía absoluta opacidad fiscal a sus compradores— en Bizkaia. Aunque los pusieron en marcha todas las Diputaciones, solo en 1990, Bizkaia captó 450.000 millones de pesetas, el equivalente a todo el presupuesto del Gobierno vasco de aquel año.

Varios expertos consultados reconocen la efectividad de esas medidas desde el punto de vista de la recaudación y del mantenimiento de grandes fortunas en el País Vasco, en tiempos de crisis en los que los capitales pueden tener tendencia a buscar mayores rentabilidades, o simplemente a escaparse a lugares que puedan considerar más seguros. Pero, a renglón seguido, cuestionan la doble moral que supone regular, a veces incluso sobrepasando el límite, para amarrar capitales, cuando a la mayor parte de los contribuyentes no se les permite la misma elasticidad a la hora de hacer sus declaraciones. También resaltan que todas las regulaciones que han ido al límite se han hecho en beneficio de las empresas y de las grandes fortunas, es decir, los beneficios de esos instrumentos, más allá de la rentabilidad para la propia administración pública, siempre los reciben quienes más dinero tienen.

Aunque es cierto que las tres instituciones forales se deshicieron en 2010 de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) al cambiar su tributación del 1% al 28% del resto de las empresas, —provocando que ese año 65 de las 90 que había en Euskadi migraran a Madrid— los ejecutivos provinciales mantuvieron absoluta discreción en torno a unos instrumentos que mantienen la misma tributación, las SPE.

Después de airear el esfuerzo que suponía para las haciendas forales cambiar la tributación de las SICAV y venderlo como un gesto de equidad con las rentas medias, la Diputación de Gipuzkoa tuvo que reconocer la existencia de un producto que chocaba con la campaña de la UE contra los paraísos fiscales y que acabó convirtiéndose en un coladero por el que se infiltran decenas de sociedades que consiguen evadir el pago de sus impuestos. Las SPE, derogadas en el resto de España, solo se conservan en el Impuesto sobre Sociedades de las Diputaciones.

Fin a los años del pacto político

La entrada de España en la UE ha dejado claro que en materia fiscal y en cuestiones de justicia tributaria el acuerdo político es pasado y ahora sólo funciona la estricta legalidad.

En 1991 el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el consejero de Hacienda del País Vasco, José Luis Larrea, pactaron en el contexto de la Comisión Mixta del Cupo un sistema para regularizar todos los fondos de los pagarés forales y del Tesoro.

El conflicto entre las dos administraciones había llegado a los tribunales y el Superior vasco los consideró ilegales, y anuló dos emisiones de pagarés de la diputación de Bizkaia. La judicialización del proceso amenazó con paralizar una buena parte de los fondos. Pese a que la Justicia declaró ilegales las emisiones, los políticos llegaron a un acuerdo que supuso, de hecho, el fin de la judicialización y la retirada de todos los recuros de la administración central contra los pagarés. Probablemente ese hecho ha sido el que ha dado alas a las diputaciones para pleitear durante diez años en todos los tribunales, incluidos los europeos, a raíz del conflicto de las vacaciones fiscales, que finalmente han perdido en todos los frentes. Pero siguen en el límite. A mediados de 2010, la Hacienda guipuzcoana, entonces en manos de Hamaikabat, quiso suprimir el régimen especial de las SPE, pero su intento fue rechazado de plano por Álava y, sobre todo, por Bizkaia, ambas controladas entonces por el PNV. Gipuzkoa quiso eliminarlo tras investigar el fraude de la empresa Glass Costa Este Salou de la que era socio el exdirector de Hacienda y ex senador del PNV, Víctor Bravo.

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