5.303 hectáreas quemadas en invierno
De las 38 detenciones practicadas por la policía autonómica, 22 son por quemas descontroladas, seis por neglicencia y 10 por fuegos intencionados
Desbordado, con los montes de Ourense en llamas en pleno otoño cuando ya había retirado el grueso del dispositivo, el entonces conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, giró la mirada el pasado octubre hacia la Guardia Civil y lamentó la falta de detenciones. Contradiciendo los propios partes de su departamento, cifró la intencionalidad en un 90%, argumento que replicó entonces el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Ambos, junto al director general de Montes, Tomás Fernández-Couto, esgrimieron la teoría de la actividad criminal: el fuego es un problema de delincuencia que han de resolver las fuerzas de seguridad. La Xunta basaba sus afirmaciones en el número de fuegos nocturnos y con puntos de inicio desperdigados.
Semanas después, la propia estadística oficial del Gobierno gallego desveló que la “intencionalidad sin precedentes” pregonada por sus altos cargos no era tal: de los 747 incendios registrados en 21 días de octubre, 373, un poco menos de la mitad, fueron provocados, 14 puntos menos que durante el resto del año. Las declaraciones públicas del Gobierno gallego exasperaron a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía autonómica especializados en la lucha contra el fuego que se sintieron señalados por los gobernantes gallegos.
El delegado del Gobierno criticó desde la Xunta la falta de detenciones
Recién salido de la consellería, tras la crisis de Gobierno de enero, a Juárez asumió el mando de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía desde la delegación del Gobierno. La responsabilidad de detener a los incendiarios le compete cuando la sequía del primer trimestre ha empezado a hacer los primeros destrozos. Los partes del Gobierno gallego —a los que ha tenido acceso EL PAÍS— revelan que desde enero hasta el pasado viernes los fuegos se han disparado: han ardido 5.303 hectáreas (829 de arbolado y 4.474 de monte raso) en 1.587 fuegos, una cifra que supera en más de 200 la media de los que venían registrándose durate la última década en esta época del año (1.300). De ellos, la Consellería de Medio Rural considera intencionados 1.129 (el 71% del total) que devastaron 3.708 hectáreas, según consta en su documentación interna. El análisis parte de la primera estimación que los agentes forestales y las cuadrillas hacen sobre el terreno cuando acuden a sofocar los incendios.
Los mismos partes oficiales de la Xunta reflejan que cuando los agentes especializados en investigación de fuegos estudian caso por caso, la intencionalidad cae casi en 10 puntos. En lo que va de trimestre, las brigadas de investigación escudriñaron 367 fuegos (los más devastadores) y señalaron intencionalidad en 230 de ellos (el 62,7%) porcentaje muy lejano al 90% que esgrimen los altos cargos de la Xunta.
Los arrestos se disparan pero no hay indicios de manos criminales
Tanto en la Consellería de Medio Rural que desde su fusión con la de Mar preside Rosa Quintana, donde sigue como responsable de Montes, Tomás Fernández-Couto, como en la delegación del Gobierno que preside su exjefe Samuel Juárez han saltado todas las alarmas. Temen que el último año de Feijóo en la Xunta sea catastrófico para los montes gallegos cuando ya ni siquiera cabe el argumento de que el Ministerio de Interior, ahora en manos del PP, no colabora con las detenciones. De hecho, los arrestados se han multiplicado en este inicio de año y solo la policía autonómica ha imputado a 38 personas hasta el pasado viernes. La mayoría, 22, lo son por quemas que se desbocaron cuando aún estaban permitidas por la Xunta que no firmó la orden de prohibición hasta el pasado 11 de marzo, tras varias semanas de tiempo seco. Cuatro de los imputados por quemas llegaron a ser detenidos por la policía, incluidos dos hombres de 78 y 75 años respectivamente en A Coruña y Vigo.
En los ficheros que la policía ha remitido a los juzgados también figuran como imputadas otras seis personas por presuntas negligencias y 10 como supuestas autoras de fuegos intencionados. Según las fuentes consultadas por este diario, la idiosincrasia de los detenidos varía pero está en las antípodas del perfil criminal al que alude el Gobierno gallego. Ni hacen pensar en bandas organizadas ni en coaliciones de intereses para prender los bosques. De cómo afronta la delegación del Gobierno la persecución de estos delitos da idea la actuación de la Guardia Civil en A Guarda, donde imputó a seis vecinos del municipio pontevedrés a los que imputa negligencia por realizar una quema que debía acometer un agente forestal. Las llamas quemaron 3,4 hectáreas. El instituto armado imputó también este mes a una mujer de 74 años que contaba con autorización de la Xunta para realizar una quema que se descontroló y arrasó 0,04 hectáreas de monte raso.
