Alboraia y Miramar, cara y cruz de la gestión municipal

El Ayuntamiento de Alboraia, municipio de L’Horta de 23.000 habitantes, tiene la mayor deuda por vecino de la Comunidad Valenciana (6.260 euros). Sobre el Consistorio pesa una losa de 144,4 millones de euros y cada año tiene que destinar cuatro a intereses y amortizaciones. El decreto de pago a los proveedores del Gobierno central, además, ha aflorado ocho millones de facturas en los cajones e impagos pendientes desde 2002. Su situación es muy complicada.

En el polo opuesto se encuentra Miramar, un municipio de La Safor de 2.652 habitantes, cuyo Ayuntamiento tiene un superávit de 1,4 millones y paga sus facturas a 30 días. No tiene televisión local, ni empresa para elaborar informes estratégicos, pero aplica el IBI más bajo de la Comunidad Valenciana (0,38%) y ha iniciado obras en la calle principal, ha reforzado las ayudas a las familias para las guarderías o subvenciona las vacunas que no paga la Generalitat. La filosofía de gestión de Miramar ha sido no pedir prestado y gastar solo lo que tenía, subiendo impuestos cuando ha sido necesario y llevando el precepto de la austeridad en el dinero público hasta el paroxismo.

Alboraia, el municipio con mayor deuda por vecino

 “¿Qué cómo hemos llegado hasta aquí? Buena pregunta”. Miguel Chavarría, alcalde socialista de Alboraia, se encoge de hombros al repasar las deudas que atenazan al Ayuntamiento, una pelota de 144,4 millones de euros, que ha convertido al municipio en el más endeudado por vecino de la Comunidad Valenciana (6.260 euros).

Chavarría, que gobierna junto a Compromís y dos partidos independientes, ha pedido a la Sindicatura de Comptes que fiscalice las arcas municipales y acusa a su antecesor, el popular Manuel Álvaro (1999-2011), de engordar la deuda con una gestión salpicada de irregularidades. “Nos hemos encontrado acuerdos verbales para urbanizar un trozo de playa o construir los vestuarios de un complejo deportivo”, dice el regidor, que en los próximos días pedirá a la fiscalía que investigue la legalidad de créditos de más de ocho millones avalados por el propio alcalde sin informes previos ni pasar por el pleno.

Alboraia arrastra deudas con proveedores (28 millones) y bancos (19,5) y tiene pendientes de pago, a través de su empresa municipal Egusa, más de 65 millones por obras como el soterramiento de la línea 3 de metro. “Esta semana hemos descubierto ocho millones en facturas en los cajones”, se queja el socialista. Para evitar embargos y un ERE en la plantilla municipal, de 150 empleados, el Ayuntamiento ha refinanciado hasta 2022 la deuda con grandes constructores como FCC o Pavasal. El municipio, de 23.000 habitantes, destina al año cuatro millones a intereses y amortizaciones.

Sobre el Consistorio pende una losa de 144,4 millones de euros

El plan de choque al gasto incluye un presupuesto “austero”, de 15 millones —en 2007 fue de 154, el segundo más alto de la provincia tras Valencia—, la eliminación de los asesores (680.000 euros al año de ahorro), la supresión de los liberados del equipo de gobierno o la reducción en un 45% del presupuesto de fiestas. El alcalde, que combina la vara de mando con un puesto de radiofísico en el hospital La Fe de Valencia, percibe 16.800 euros anuales por asistir a los plenos. Su antecesor cobraba 70.000 euros y el concejal de Hacienda del PP, 65.000.

El Ayuntamiento ultima esta semana la tasación de sus inmuebles. La finalidad: obtener ingresos para evitar el embargo del edificio que alberga la Denominación de Origen de la Horchata, que el Consistorio puede perder si no salda una deuda de 1,6 millones con Aguas de Valencia.

Alentada por la fe en el ladrillo, Alboraia fio su crecimiento al traslado del centro comercial Alcampo de Port Saplaya a la huerta de Vera, una operación que debía liberar terrenos en el litoral para construir una marina con 800 viviendas, un hotel y un palacio de congresos. La crisis, las protestas de los ecologistas de Salvem L’Horta y las trabas de la Generalitat, que otorgó a la zona la máxima protección, desmoronaron el proyecto, que fue redactado por la constructora Astroc antes de entrar en suspensión de pagos. Ahora, la empresa municipal Egusa debe 23 millones por los anticipos de la constructora, que el Consistorio ha gastado. El Ayuntamiento, asimismo, da por perdidos los dos millones que desembolsó a los propietarios de las tierras en concepto de señal. El valor de la hanegada superó los 250.000 euros.

El decreto para cubrir impagos aflora facturas pendientes desde 2002

El delirio de tener una marina de ensueño con palacio de congresos y hotel de lujo incluidos le ha costado 29 millones de euros. El exalcalde Manuel Álvaro (PP) destinó entre 2005 y 2011 cuatro millones a informes y dos a opciones de compra de terrenos de huerta de una iniciativa urbanística de la que solo se conocen planos. El Consistorio, además, incorporó al gasto corriente y al pago del soterramiento de la línea 3 de metro los 23 millones adelantados por la promotora del plan en concepto de beneficios futuros por la gestión del suelo de Port Saplaya, según la primera teniente de alcalde, Carmen Peris. “El proyecto nunca se hará como lo concibió Álvaro pero el dinero ya se ha gastado”, explica la edil, que recuerda que la Generalitat tumbó el planteamiento inicial al declarar la huerta zona de especial protección. El Ayuntamiento no descarta retomar el proyecto “en una versión suavizada y adaptada a la crisis”.

El desarrollo urbanístico inicial de Alboraia contemplaba liberar terrenos en el litoral de Port Saplaya para construir una marina de lujo con 800 viviendas, un paseo, un hotel y un palacio de congresos. La iniciativa afectaba a una importante porción de huerta conocida por su alto valor ecológico y paisajístico. Alentado por las expectativas económicas, Alboraya aprobó en 2007 unos presupuestos de 154 millones de euros, las segundas cuentas municipales más altas de la provincia tras Valencia. Cinco años después, el Consistorio arrastra la mayor deuda por vecino de la Comunidad (6.260 euros)

“Vivimos durante años por encima de nuestras posibilidades. Como ejemplo, el presupuesto de 2007 preveía 11 millones de ingresos urbanísticos que al final se quedaron en 500.000 euros”, explica la teniente de alcalde, la independiente Mari Carmen Peris, que también formó parte del último equipo de gobierno del PP.

El exedil Manuel Álvaro rebaja la deuda de 144,4 a 22 millones de euros, acusa al cuatripartito de computar gastos previstos para 22 años y niega la existencia de facturas en los cajones. “La situación, no obstante, es muy complicada”, admite.

Miramar no teme a los proveedores

Miramar no tiene televisión local. Ni empresa que elabore informes estratégicos. Sus vistosas fiestas de moros y cristianos del primer domingo de agosto carecen de proyección internacional y sus jubilados no saben lo que es comerse una paella gigante a ritmo de pasodoble en vísperas electorales. Miramar (La Safor, 2.652 habitantes) tampoco tiene deuda. Sus cuentas arrastran un superávit de 1,4 millones, la mitad del presupuesto, que despierta las envidias de sus vecinos de Bellreguard o Gandia, que esta semana recopilaban facturas para acogerse al decreto de pago de proveedores del Gobierno, que conllevará a partir del 31 de marzo planes de ajuste para contener los excesos. En el epicentro del desplome inmobiliario, Miramar paga a 30 días —60 como máximo—, una quimera en un país donde los más de 8.100 municipios tardan de media 10 meses en acordarse de las facturas de los autónomos, según su asociación ATA.

El Ayuntamiento de La Safor tiene superávit y paga a los 30 días

“El secreto es subir los impuestos cuando resulta necesario y captar todas las subvenciones posibles”, explica el alcalde, Asensio Llorca (PSPV), que encadena mayorías absolutas desde 1991. Su ecuación permite, en plena vorágine de vacas flacas, aplicar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) más bajo de la Comunidad Valenciana (0,38%), iniciar obras de la calle principal, reforzar las ayudas a las familias para las escuelas de 0 a 3 años o subvencionar las vacunas que no cubre la Generalitat. “Cuando informamos a Economía del IBI, el programa informático no permitía introducir la cifra de lo baja que era”, recuerda el alcalde.

El regidor se fija como objetivo mitigar el paro, que afecta al 10% de la población. El Ayuntamiento destina 450.000 euros al año a emplear a parados —en 2011 se firmaron por este sistema 123 contratos—, y mediante la exigencia a los proveedores de las contrataciones locales, da trabajo a 80 vecinos. “Gracias al Ayuntamiento, puedo vivir y mantener a mi mujer y dos hijos”, dice Vicente Capellino, jardinero, 40 años, que percibe un salario de 900 euros al mes desde hace nueve años.

En Miramar no existe el gratis total. La filosofía del municipio es cobrar por los servicios

El maná de este municipio de 2,5 kilómetros cuadrados procede de la playa. La población se multiplica por diez en agosto (22.000 vecinos) y, gracias a la contribución de los veraneantes, se nutren dos terceras partes de las arcas públicas. El alcalde, sin embargo, insiste en que la costa no es un filón, sino una responsabilidad más que requiere inversiones. Si ese fuese el secreto, sugiere, todos los municipios costeros de La Safor compartirían la bonanza. Y no es así. Piles, que arrastra una deuda de 737.000 euros, Bellreguard (466.000), Daimús (884.000) o Gandia (192 millones) son ejemplos de la complejidad de mantener a raya las cuentas, según el Ministerio de Economía.

Miramar presume de no pedir prestado y gastar solo lo que tiene. La caída en un 80% de los ingresos de la construcción, que reportaron 800.000 euros en 2007, ha modulado los impuestos, como el de circulación, que subió un euro para los vehículos de gran cilindrada. “El Ayuntamiento ha hecho una buena gestión, y ahí están las cifras, aunque no tiene sentido el superávit cuando las guarderías cuestan 130 euros al mes y son de las más caras de La Safor”, se queja Pedro Cánoves, portavoz local del PP, que representa a tres de los 11 ediles. Los conservadores fueron los más votados en las elecciones generales.

De los 28 trabajadores municipales, 10 son funcionarios. El objetivo, evitar que los gastos de personal lastren el margen de maniobra que ha permitido en los últimos tres años levantar un polideportivo, un centro de salud y una escuela infantil. La austeridad impera en los cargos públicos. El alcalde percibe 1.800 euros mensuales por dedicación exclusiva y los concejales, 400. “Si alguien se cree que el dinero público no es de nadie, se equivoca”, advierte el alcalde, que supervisa a diario el trabajo de las cuadrillas municipales.

“Sé decir que no cuando toca, quizá por eso ahora no debemos nada”, concluye el alcalde

En Miramar no existe el gratis total. La filosofía del municipio es cobrar por los servicios. El abono del polideportivo con piscina cubierta, campo de fútbol con césped artificial, pistas de pádel, spa, y sala de fitwalker —modernas cintas para correr— cuesta 30 euros. El Ayuntamiento ofrece un servicio de lujo a través del nuevo gimnasio, que gestiona una empresa sobre un edificio municipal, con entrenadores personales (19 euros la hora) y clases particulares de autodefensa por ordenador.

“La calidad de vida es muy buena y eso se nota”, admite la sexagenaria María Ripoll, que ha visto desde la barra del bar Carol, donde trabaja, la evolución de un municipio cuya población se ha duplicado en 20 años. Mercedes Martí, de 53, se lamenta de que la localidad asuma los recortes de la Generalitat. “A mi hija le han quitado una beca”, se queja.

Alentada por una economía que crecía al 3%, Miramar recibió durante los años del dinero fácil la llamada del progreso. Los promotores inmobiliarios, atraídos por su apetecible costa, acudían al Ayuntamiento para vender sus planes. El municipio mantuvo las cautelas. Y no se arrepiente. “Sé decir que no cuando toca, quizá por eso ahora no debemos nada”, concluye el alcalde.