Hacienda intenta saber si en el ‘caso Gil’ hay financiación ilegal del PSE
El dirigente socialista tiene previsto recurrir a la Justicia en las próximas horas
La filtración de los datos fiscales del vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil, podría tener una pretensión mucho más ambiciosa que la de sembrar la sospecha sobre los ingresos irregulares del político. Con la segunda remisión del expediente a la fiscalía para que investigue los hechos, la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV, intenta saber si tras el caso se podría esconder una financiación ilegal del PSE-EE. Por eso, tras descartar el Ministerio Público un fraude fiscal en un primer momento, Hacienda ha centrado ahora el foco en un presunto tráfico de influencias. Fuentes socialistas no han dudado en restar total credibilidad a esta posibilidad.
El objetivo político, en plena guerra fiscal entre socialistas y nacionalistas, y a solo un año de las elecciones autonómicas, justificaría la arriesgada aireación de los datos fiscales de un contribuyente cuya principal responsabilidad, lejos de la esfera pública, es orgánica a día de hoy, en el seno del PSE-EE. La revelación afecta a materia reservada y viola el derecho de confidencialidad, lo que abre la puerta a una demanda penal por parte del afectado. El informe, que solo obra en poder de la Diputación y la fiscalía vizcaína, se filtró a varios periódicos, entre los que no figura EL PAÍS, sin acreditación de actuaciones del Ministerio Público ni sellos de entrada en la oficina judicial, pero sí de salida del registro foral, lo que apunta a que se extrajo directamente de un ordenador de Hacienda.
Que la filtración afecte a Gil no es casual. Además de cuñado y persona de confianza del lehendakari, Patxi López, es uno de los hombres fuertes del socialismo vasco, pese a que casi siempre ha desarrollado su trabajo en la sombra. Fue vicepresidente de las Juntas Generales vizcaínas la pasada legislatura y es hermano de Begoña, quien ocupa el mismo puesto en la actualidad. Antes fue secretario general de las juventudes del partido y tuvo un papel decisivo en el denominado Pacto de San Marcos, por el que López se hizo con las riendas del PSE-EE.
El presunto tráfico de influencias incidiría en el desgaste de López
A su vertiente política se suma, además, un destacado protagonismo en materia económica, ya que ha participado en varios consejos de administración de entidades con participación pública, como el Puerto de Bilbao, Bahía de Bizkaia y Naturgas. También ha estado en Petronor, la petrolera que lidera el expresidente del PNV Josu Jon Imaz. En este contexto se enmarca la información recogida en el expediente de Hacienda y conocida ayer, sobre un supuesto préstamo de 150.000 euros a Gil por parte de un empresario sevillano investigado por blanqueo de capitales. Formarían parte de los 419.000 euros cuyo origen considera irregular la Diputación, que los vincula con la construcción de un chalé en Castro Urdiales (Cantabria).
Pese a su relevancia interna, el peso público del afectado por la filtración no es destacado. La motivación “política” que el propio Gil achaca a la revelación se centraría, sin embargo, en su parentesco con el lehendakari, verdadero objetivo de las críticas nacionalistas a un año de las elecciones autonómicas con las que el PNV quiere invertir el retroceso institucional que inició en 2009, con la pérdida del Gobierno vasco. La búsqueda de vínculos con la financiación del PSE incidiría en el desgaste de López, máxime tras las divergencias que este ha mostrado con el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, sobre la política fiscal y la lucha contra el fraude. Unas diferencias que han desembocado en cruces de acusaciones y un profundo enfrentamiento económico entre socialistas y peneuvistas.
La Diputación no se ha pronunciado todavía sobre la filtración de datos
La supuesta pretensión de la filtración, sin embargo, necesita de un recorrido judicial que no está garantizado. Al contrario, fuentes jurídicas consideran poco probable la imputación de Gil por parte de la fiscalía, máxime tras el archivo del delito fiscal que denunció la Diputación en marzo de 2011. El propio afectado, además, reconoció después una infracción tributaria y se avino a pagarla, con su correspondiente multa: 131.000 euros en total. Tras la reapertura de diligencias previas ante la insistencia foral, el dirigente socialista ha prestado de nuevo declaración ante el Ministerio Público, aunque en ningún momento ha sido cuestionado sobre la financiación de su partido.
Lejos de cerrarse, la vía judicial se abre ahora para el propio Gil, quien ya ha anunciado su intención de recurrir a los tribunales ante lo que considera una “persecución política” del PNV que pretende que no quede impune. Por eso dejará la filtración de su expediente fiscal en manos de la Justicia en las próximas horas. Previsiblemente, denunciará lo sucedido por la vía penal y ante la Agencia de Protección de Datos. Sobre todo, tras constatar la falta de respuesta por parte de la Diputación, que se ha situado en un plano ajeno al informe revelado y mantiene su silencio sobre el caso. Desde el ente foral ni siquiera se ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, pese al estricto registro informático foral, que permite determinar con exactitud qué personas acceden a cada expediente fiscal y en qué momento concreto.
El único pronunciamiento público del PNV ha sido para confiar en un rápido esclarecimiento de los supuestos ingresos irregulares de Gil. Un deseo en el que coincide con el propio Gobierno vasco y el PSE-EE.
