CiU y PP vuelven a aliarse para no modificar la renta mínima de inserción

El matrimonio estable que viven Convergència i Unió y el Partido Popular en Cataluña volvió a funcionar a la perfección este jueves. Como sucede cada vez que el Parlament vota una moción que rezuma censura a los recortes, los votos de ambos partidos sirvieron para evitar las resoluciones críticas y paralizar los cambios que demanda la oposición. El Partit dels Socialistes presentó una moción para desencallar la Renta Mínima de Inserción que, denunciaron los socialistas, se encuentra paralizada desde antes del verano. El texto también reclamaba solucionar los problemas que dejó el caos que vivieron los destinatarios de esta renta en agosto, cuando un cambio en el método de pago, sin avisar, provocó que miles de beneficiarios de esta ayuda mínima —poco más de 400 euros— se quedaran sin sustento.

 Los efectos del caos provocado por el Gobierno todavía se notan. Según denunció el PSC, hay 10.000 expedientes de personas que cumplen los requisitos de la Generalitat para cobrar la RMI paralizados desde mayo. La moción reclamaba fijar un calendario para dar respuesta a estos casos, punto que CiU y PP tampoco aceptaron. Según un portavoz del Departamento de Empresa y Ocupación, que gestiona el pago de la renta, desde agosto hasta finales de año se aceptaron 2.000 solicitudes para aceptar la prestación. Antes de cambiar los requisitos para acceder a la RMI, había 34.000 beneficiaros de la renta; tras los cambios, el número se redujo a 25.000 expedientes.

La socialista Eva Granados, que presentó la moción, exigió al Gobierno que dé cumplimiento a los expedientes acumulados sin solución. “Tenga en cuenta lo que ha dicho el Consejo de Garantías Estatutarias, que la Generalitat está obligada a pagar a todas las personas que cumplen con los requisitos para percibir dichas ayudas”, argumentó la diputada, que remachó: “Le exigimos al Gobierno que deje de ocultar pobres y que les dé derechos”.

“Está creciendo el paro y la pobreza, aunque el Gobierno trate de ocultarlo hasta tal punto que, al final, quien está ayudando a estas personas a subsistir son los Ayuntamientos”, abundó Granados. Precisamente la moción del PSC reclamaba al Gobierno que compensara a los municipios que en agosto echaron el resto para ayudar a las personas que no cobraban la prestación.

Durante el debate parlamentario, CiU y PP se escudaron en los cambios ya relizados en la renta mínima para evitar cualquier modificación más. Iniciativa se sumó a las críticas de Granados, y recordó el fuerte reproche del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a la gestión del caos de la RMI. Ribó tildó de “incorrecta” la actuación del Gobierno que, añadió, supuso dejar en la “indefensión” a miles de ciudadano. El Síndic está investigando caso por caso las más de 700 quejas recibidas por el caos de la RMI, pero de momento solo ha recibido 200 expedientes del Departamento de Empresa.